(Miaminews24).- El público tiene hasta el 12 de diciembre para decidir si Florida Power & Light debe pasarles a los clientes la cuenta de la limpieza de $200 millones para reparar los canales con fugas en Turkey Point.
Los canales propensos a problemas, que ayudan a enfriar dos reactores envejecidos en la planta, han sido por varios años el centro de una disputa sobre una creciente columna de agua salada que amenaza con contaminar los suministros de agua potable y la Bahía de Biscayne.
FPL desde hace mucho ha negado ser la causante, pero el año pasado los reguladores del Condado de Miami-Dade encontraron niveles elevados de tritio, un rastreador radioactivo utilizado para rastrear el agua, en la bahía y en los pozos de monitoreo cercanos. Semanas más tarde, el estado ordenó a la empresa que limpie los canales y detenga las fugas.
Inicialmente, la empresa dijo que el costo de descargar el agua del canal hacia un pozo de inyección y bombear agua más fresca sería de $50 millones el primer año. Pero ese precio se incrementó a medida que se expandieron los esfuerzos de limpieza, según Mike Sole, vicepresidente de FPL
El plan también ha recibido críticas de activistas de la energía solar y ecologistas, que han demandado a la empresa en una corte federal, diciendo que el proceso no previene el daños futuros.
«FPL sabía o debió haber sabido ya en 1978 que la operación de los canales de enfriamiento en la planta de Turkey Point al sur de Miami estaba creando una columna hipersalina que contaminaba el manto acuífero de Biscayne, la fuente de agua potable para el sur de la Florida», dijo en un comunicado Southern Alliance for Clean Energy.
El grupo, junto con Tropical Audubon y Amigos de los Everglades, demandaron a la empresa por violar la Ley de Agua Limpia y le pidieron a un juez que ordene a FPL pagar por violaciones que datan del 2010 y que podrían ascender a $76 millones. La semana pasada, un juez negó el intento de FPL de desestimar el caso.
FPL ha dicho que los problemas en el canal se identificaron solo después de que esa compañía y el estado expandieron los esfuerzos de monitoreo en el 2010 y dijo en su respuesta a la Comisión de Servicio Público que la ley estatal le permitía facturar a los clientes. Si se cometió un error al monitorear los canales que ocasionó los salideros, era esencialmente culpa del estado, argumentaba FPL.
Sin embargo, la Oficina del Asesor Público, que representa a los ciudadanos en el asunto, ha argumentado que el permiso federal de 1972 de la empresa para operar los canales deja en claro que FPL tiene la responsabilidad de asegurarse de que los canales funcionen correctamente.
Para hacer un comentario, envíe un correo electrónico a la Comisión de Servicio Público a PSCMedia@psc.state.fl.us o envíe una carta a 2540 Shumard Oak Blvd., Tallahassee, FL, 32399. El número de expediente es 20170007.
Fuente: Jenny Staletovich/ Miami Herald