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Multas de 3.700 pesos a “clientes” de una red de falsificación de documentos en La Habana

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(MiamiNews24).-Multas de 3.700 pesos (unos 148 dólares), esa es la condena que ha recibido más de una docena de “clientes” de una presunta red falsificadora de documentos del municipio Cerro, dedicada a “agilizar” trámites de cambio de dirección de provincia hacia La Habana.

Varios sentenciados aseguraron a Diario de Cuba que sintieron alivio tras el veredicto, ya que Fiscalía había pedido para ellos hasta tres años de privación de libertad sin internamiento.

“Creo que el desenlace fue este porque el Tribunal de La Habana se vio presionado por la visibilidad mediática que adquirió el caso y las denuncias de que se pretendía criminalizar a quienes fueron estafados como medida ejemplarizante”, expresó una abogada defensora que pidió no ser identificada.

Buena parte de quienes acudieron a las presuntas lideresas de la red lo hicieron creyendo que “agilizaban el trámite”, no que sus documentos serían falsificados, añadió.

De los más de 20 procesados, solo se conocieron las sentencias de quienes recibieron los servicios de la red, no así de las principales acusadas, ambas exempleadas de dependencias estatales.

En noviembre de 2016, la técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García se quitó la vida en La Habana. Días antes, le habían notificado una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en el país.

El suicidio no hizo sino aumentar las sospechas de las autoridades. Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, fue detenida por agentes de Policía y separada del cargo. En breve la acusarían de liderar la red de falsificación de documentos.

Su amiga Iluminada Machado, funcionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana, “tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes” en 2013, según el informe elaborado por la Fiscalía General de la República.

Fue aquel el año en que Machado y Barban se unieron “con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba”, de acuerdo con la Fiscalía.

Tanto Machado como Barban llevaban dos años de reclusión cuando se inició el juicio. El proceso de la Causa 41/18 se extendió por dos días (28 y 29 de agosto pasados), en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Popular Provincial habanero.

La red, que según las autoridades operó entre 2013 y 2016, se habría dedicado a falsificar expedientes migratorios de residentes en provincias hacia la capital, y habría tenido como centro la oficina de Vivienda del municipio Cerro.

Los implicados tramitaron cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y Habana Vieja, indicaron las actas oficiales del caso.

Fuente:DLA.

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