(Miaminews24).-Phyliss Minas, de 63 años y empleada de los tribunales de Miami-Dade, vivía sola con sus gatos. Era una persona que vivía de manera relativamente anónima, porque estaba muy al tanto de las historias de violencia que se veían en el tribunal y parte de su trabajo era enviar las notificaciones de audiencias a los abogados defensores.
Minas decía a sus colegas de trabajo que siempre hacía sus compras antes que anocheciera y llevaba poco efectivo. “Era una persona que vivía con mucho cuidado”, dijo su supervisor.
Pero Minas murió asesinada en su apartamento de North Miami en 1992. Un vecino adicto a las drogas llamado José Antonio Jiménez entró a la fuerza a la vivienda y la apuñaló de manera tal que los jurados le mostraron poca misericordia y lo condenaron a muerte.
Veintiséis años después del asesinato de Minas, Jiménez debe ser ejecutado el jueves por la noche en la Prisión Estatal de la Florida en Stark. En un caso que llamó poco la atención de la prensa en su momento, y a lo largo de los años, la historia de Minas no ha sido olvidada por los pocos familiares que le quedan y los que han trabajado para mantener a Jiménez tras las rejas.
“Fue un asesinato horrible. [Jiménez] fue totalmente despiadado”, dijo el abogado miamense Michael R. Band, quien consiguió la condena de Jiménez como fiscal en 1994. “No tenía ninguna necesidad de hacerle daño. Hubiera podido salir de la casa sin hacerle nada. Ella no era una amenaza para él en lo absoluto”.
Jiménez, de 55 años, fue declarado culpable por separado de otro asesinato: la muerte por estrangulación en 1990 de una mujer a quien encontraron muerta en su apartamento de Miami Beach. Se declaró culpable y lo condenaron a 17 años,
El gobernador Rick Scott programó originalmente la ejecución de Jiménez para el 18 de julio, pero la Corte Suprema de la Florida la suspendió cuando los abogados defensores alegaron que North Miami no había entregado registros policiales clave. El alto tribunal rechazó la apelación en octubre, lo que allanó el camino para la ejecución de Jiménez por inyección letal.
Jiménez sigue apelando su ejecución ante la Corte Suprema de la Florida, un tribunal federal y la Corte Suprema de Estados Unidos.
Entre sus argumentos: que los electores autorizaron en noviembre un cambio clave en las leyes estatales que significa que a Jiménez se le debió ofrecer una nueva audiencia de sentencia bajo la ley de pena de muerte vigente en la Florida, no la que existía en 1992, cuando cometió el asesinato.
A diferencia de principios de los años 1990, ahora tiene que haber unanimidad entre los jurados para condenar a alguien a muerte, y también deben probar más allá de dudas razonables que las circunstancias agravantes del asesinato —la naturaleza cruel de la muerte, además de los antecedentes penales del acusado y el hecho de que ocurrió durante un robo— superan los factores mitigantes. En el juicio, sus abogados defensores alegaron que Jiménez no lo deben ejecutar debido al grave problema de drogas que había convertido su vida en un caos.
“Creo que la ejecución es indebida. Creo que la ejecución es inconstitucional”, dijo el martes su abogado, Martin McClain.
Minas fue empleada del tribunal durante 15 años y su asesinato estremeció el lugar. Sus colegas de trabajo asistieron al juicio, que duró un mes, durante la hora de almuerzo.
“Nosotros vemos estas cosas a diario”, dijo Frank Sherod, jefe de la sección penal, al Miami Herald en ese momento. “Es un número hasta que uno se entera que es uno de los nuestros. Todos están devastados por esto”.
A Minas la mataron el 2 de octubre de 1992 en el apartamento 207 de un edificio en la cuadra de los 13700 de NE 6 Avenue.
El detective del caso cree que Jiménez, quien vivía en el mismo edificio en un piso superior, entró a la fuerza a la vivienda de Minas para robar. Minas lo sorprendió. La evidencia muestra que Jiménez la golpeó repetidas veces y la apuñaló ocho veces, dos en el corazón.
“Minas estuvo viva y consciente durante toda la agresión”, dijo la entonces jueza de circuito de Miami-Dade Leslie Rothenberg durante la sentencia.
En el juicio de 1994, vecinos testificaron que habían escuchado golpes y a Minas gritar: “¡Dios mío!, ¡Dios mío!” Dos vecinos dijeron que trataron infructuosamente de abrir la puerta.
Otro vecino, Clifford Merriweather, estaba parado en la calle dijo que vio a Jiménez descolgarse desde un balcón adyacente al apartamento de Minas. “Bajó y empezó a caminar hacia mí”, dijo Merriweather. “Tenía los ojos más grandes que una moneda de 50 centavos”.
Las autoridades encontraron una huella dactilar de Jiménez en el interior de la puerta del apartamento de Minas.
Los jurados deliberaron menos de dos horas antes de condenar a Jiménez. En la audiencia de sentencia un par de meses después, sus abogados defensores lo presentaron como un joven que había abandonado los estudios y estaba abrumado por la adicción a las drogas.
Jiménez abandonó dos programas de rehabilitación para su adicción a la cocaína, en la que gastaba $300 al día. Sus abogados dijeron que Jiménez había consumido cocaína por valor de $200 el día del asesinato.
Pero la jueza Rothenberg, quien ahora es magistrada en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito, señaló que Jiménez sabía lo que estaba haciendo.
“Hasta se llevó el arma del asesinato y trató de ocultarla cando se dejó caer del balcón”, dijo la jueza antes de condenarlo a muerte.