Un juzgado salvadoreño emitió otra orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y reclamado en su país por corrupción, notificó la Fiscalía General de la República (FGR).
«Juzgado 8° de Paz de San Salvador, girar nueva orden de captura en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, procesado por Evasión de Impuestos en perjuicio de la Hacienda Pública. La orden fue emitida por la incomparecencia al juzgado para su intimación», publicó la FGR en su cuenta oficial de la red social Twitter.
La quinta orden de captura contra Funes, acusado de evadir más de 85 millones de dólares en impuestos en 2014, fue entregada a la Policía Nacional Civil (PNC) en la tarde del 3 de abril.
Según una auditoría fiscal presentada por el Ministerio Público, Funes dejó de declarar 271.857 dólares aquel año, el último de su mandato como presidente (2009-2014), y ahora enfrenta cargos por rentas no declaradas e incremento patrimonial no justificado.
Funes, quien ganó la presidencia en 2009 en alianza con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), encara otros cuatro procesos en su contra, uno de ellos por el desvío de unos 351 millones de dólares de fondos públicos para beneficio personal.El exjefe de Estado también es acusado de entregarle dádivas al exfiscal Luis Martínez, de supuestos sobornos por la construcción de la presa El Chaparral, y de filtrar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que exponía las pruebas de que el fallecido expresidente Francisco Flores desvió una millonario donación humanitaria a las arcas del derechista partido ARENA.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó el pasado 22 de marzo por unanimidad una solicitud para extraditar a Funes desde Nicaragua, demanda que ya la Cancillería envió a esa nación centroamericana.
El pedido incluye a Ada Mitchell Guzmán, pareja de Funes, y sus hijos Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, agrega el rotativo.
El exmandatario, asilado en Nicaragua junto a su familia desde septiembre de 2016, afirmó entonces que la decisión era previsible, pero advirtió que su destino lo decidiría el Gobierno de Daniel Ortega en la nación vecina.