Trump expuso a la deportación a inmigrantes protegidos con TPS

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La Administración Trump desoyó las recomendaciones de sus diplomáticos de continuar las protecciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS,  por sus siglas en inglés) para unos 400,000 inmigrantes de El Salvador, Honduras y Haití, porque no quería que el asunto se convirtiera en un estorbo electoral.

Así lo advirtió este jueves un informe preparado por la minoría demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que se apoya en documentos internos del Departamento de Estado, muchos de ellos nunca antes divulgados.

El TPS es un alivio migratorio aprobado por el Congreso en 1990 para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales y otras circunstancias extraordinarias. En el pasado, gobiernos demócratas y republicanos han mantenido en vigor el programa, que protege de la deportación y otorga permisos de trabajo.

Pero, en un guiño a su base conservadora, la Administración Trump anunció en noviembre de 2017 el desmantelamiento escalonado del TPS para varios países, incluyendo El Salvador, Honduras y Haití, aunque éste se mantiene en pie gracias a sendos dictámenes judiciales.  La Administración extendió los permisos de trabajo para los ‘tepesianos’ salvadoreños hasta el 4 de enero de 2021 mientras se dirime el asunto en los tribunales.

Durante una rueda de prensa, el senador por Nueva Jersey y líder demócrata de mayor rango en el Comité, Bob Menéndez, explicó la gravedad de que la Administración Trump decidiera más bien acelerar la cancelación del TPS para que el asunto no se convirtiera en una distracción electoral el próximo año.

La decisión para terminar el TPS no fue “por el mejor interés” de la seguridad de EEUU o el bienestar de familias estadounidenses sino “una decisión política que promueve la agenda anti-inmigrante del presidente (Donald) Trump”, dijo.

Funcionarios políticos del Departamento de Estado “querían acelerar la terminación del TPS para que no fuera un tema en las elecciones presidenciales de 2020”, argumentó.

Menéndez solicitó al Inspector General del Departamento de Estado, Steve Linick, que abra una investigación para determinar las posibles consideraciones electorales de terminar el TPS, y si hubo coordinación con asesores de la Casa Blanca, incluyendo el ultraconservador, Stephen Miller, uno de los arquitectos de la política de “mano dura” contra los inmigrantes.

El personal de la bancada demócrata divulgó este jueves el informe de 140 páginas, titulado “Jugando a la política con protecciones humanitarias”, tras más de dos años de investigaciones.

El documento incluye casi un centenar de páginas con cables de los embajadores estadounidenses en esos tres países en los que advirtieron contra la cancelación del TPS y la deportación masiva de los beneficiarios, que en su conjunto tienen 273, 200 hijos nacidos en Estados Unidos.

En uno de los cables, los funcionarios le recomendaron al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, que, si debía cancelar el TPS, lo hiciera en un plazo de 36 meses para no desestabilizar a los países afectados.

Sólo que eso pondría la eliminación del TPS “directamente” en plena contienda presidencial. En respuesta, Tillerson garabateó en un documento de octubre de 2017, que el desmantelamiento ocurriera en vez en 18 meses.

A finales de ese mes, Tillerson envió un memo al DHS recomendando el cronograma de año y medio.

Así, la Administración decidió terminar el TPS a sabiendas de la enorme crisis que crearía, porque los diplomáticos de carrera advirtieron a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional que eliminarlo “perjudicaría la seguridad nacional de EEUU, desataría una nueva ola migratoria a EEUU y pondría en riesgo la seguridad de los beneficiarios y sus hijos nacidos en este país, según el documento.

Es decir, se impuso la visión de funcionarios afines a Trump, que además querían minimizar cualquier impacto político en la contienda presidencial.

Menéndez afirmó que, si bien el documento no establece un hecho “criminal”, sí deja en claro que se cometieron “violaciones administrativas”, y urgió al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a que programe audiencias al respecto.

El de este jueves es uno de varios informes sobre las políticas de la Administración que prevé realizar su bancada.

El senador de origen cubano afirmó que el Senado se ha convertido en un “cementerio legislativo” porque los republicanos se niegan a votar más de 400 proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes, incluyendo uno para la legalización permanente de los ‘tepesianos’.

Menéndez estuvo acompañado de una hondureña, Juana Villanueva, y su hija nacida en Nueva Jersey, Liance Teracena, quienes explicaron a la prensa que sería una “tragedia” si el gobierno cancela el TPS de forma definitiva y comienza la deportación masiva.

“Sería una tragedia, porque no quisiera dejar a mi hija acá sola, soy el apoyo de ella económica y emocionalmente… ella me necesita”, dijo Villanueva, quien recibió el TPS en 1998.

 Mientras, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, condenó que, a su juicio, Trump y su gobierno hayan desafiado a diplomáticos de carrera y funcionarios de alto rango para “castigar a inmigrantes sin importar el costo” para la seguridad nacional.

Según Schumer, la cancelación del TPS sólo fortalecería a las pandillas transnacionales como la “MS-13”, por lo que urgió a la Administración a que dé marcha atrás a su desmantelamiento.

La Administración Trump no ha reaccionado al informe ni ha contestado una solicitud de comentario de Noticias Telemundo.

Por su parte, Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Estadounidense, dijo a Noticias Telemundo que el informe podría beneficiar a grupos que han impugnado la cancelación del TPS en los tribunales.

“Vemos que funcionarios políticos pusieron los intereses personales y políticos de Trump para su reelección por encima de los intereses de seguridad nacional y de política exterior de EEUU… pero vemos que los tribunales son los que están previniendo las acciones ilegales de esta Administración”, dijo el analista.

Jawetz no descartó que el asunto, ahora ante el Noveno Circuito de Apelaciones, llegue hasta el Tribunal Supremo