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El día domingo Jesús Santrich, exjefe guerrillero, salió de la clínica donde se encontraba para ser trasladado a la Fiscalía donde permanecerá a la espera de su audiencia prevista para el día de hoy. Santrich, es investigado por conspirar enviar un cargamento de cocaína a los Estados Unidos.

Previamente, la Fiscalía General de Colombia había informado que el juez de control de garantía de Bogotá legalizó la captura de Santrich y que la procuraduría había apelado la decisión.

‘Jesús Santrich’ fue capturado por las autoridades en 2018 por acusaciones en su contra relacionadas con narcotráfico. Una circular roja de la Interpol menciona que mínimo desde junio de 2017 y hasta abril de 2018, ‘Santrich’ “conspiró con otros para producir y distribuir aproximadamente 10.000 kilogramos de cocaína en Colombia para ser importada a Estados Unidos y otros lugares”. Por este caso Estados Unidos lo pedía en extradición.

‘Santrich’, su defensa y el partido FARC han sostenido repetidamente que no hay pruebas serias contra él y que todo se trata de un “montaje judicial”.

Fuente: CNN

El presidente colombiano, Iván Duque, aseveró el día miércoles que respeta la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradicción del exlíder de las FARC, sin embargo, el Gobierno Nacional no comparte la opinión y comprende la indignación del pueblo colombiano, por lo cual está listo para firmar la extradición de Jesús Santrich a los Estados Unidos.

“El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias ‘Jesús Santrich’”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.

La JEP aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, pedido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico que supuestamente cometió tras la firma del acuerdo de paz que tuvo lugar en noviembre de 2016.

“Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial”, afirmó el mandatario, quien agregó que “todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas”.

El presidente aseguró además que apoya la decisión del procurador colombiano, Fernando Carrillo, quien apelará la sentencia del tribunal transicional porque considera que la Corte Suprema de Justicia debe continuar con la investigación, pues los hechos de los que se acusa a Santrich ocurrieron tras la firma del acuerdo de paz.

“El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor procurador general de la nación de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado”, apostilló Duque.

En ese sentido aseguró que, como presidente ha estado y estará “siempre listo a firmar la extradición de alias ‘Jesús Santrich’ y de cualquier otro sindicado por narcotráfico, en apego a la Constitución y la Ley”.

La sentencia de la JEP llevó al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, a renunciar a su cargo porque consideró que no podía refrendar lo que llamó “desafío al orden jurídico”.

El mismo paso dio la vicefiscal, María Paulina Riveros, quien anunció que también deja el cargo.

Al respecto, el jefe de Estado aseguró que lamenta la renuncia de Martínez, con quien dice que trabajó “con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción”.

Asimismo, el presidente dijo que preservará “por encima de todo la solidez institucional” de Colombia, razón por la cual convocó a los partidos políticos para realizar “las reformas necesarias” que permitan “cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad, y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales trasnacionales”.

“La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La Justicia debe estar siempre, siempre, al servicio de las víctimas y no de los victimarios”, apostilló.

Duque recordó además que dos de las seis objeciones “por inconveniencia” que hizo en marzo pasado a la Ley Estatutaria de la JEP buscan evitar “este tipo de desenlaces que hoy nos indignan”, dijo en la declaración que dio tras una reunión de urgencia de seis horas que mantuvo con varios ministros y colaboradores cercanos.

“Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP”, aseveró.

Fuente: Noticias 24

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es un sistema encargado de delitos graves en Colombia, que ha ordenado la libertad de Jesús Santrich, excomandante de la extinta guerilla FARC. Los tribunales, desean que no sea extraditado a los Estados Unidos por acuerdos de paz con Santrich.

el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado en Colombia, ha ordenado este miércoles la libertad inmediata de Jesús Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC pedido en extradición por Estados Unidos. El tribunal decidió aplicar la garantía de no extradición -contemplada en los acuerdos de paz- a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el verdadero nombre de Santrich, debido a que “las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización”.

Santrich, que siempre ha asegurado ser víctima de un “montaje judicial”, lleva poco más de un año detenido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, a la espera de una decisión, después de que un juzgado de Nueva York lo acusó por narcotráfico. Su captura ha tensado desde entonces la aplicación de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido político con diez escaños garantizados en el Congreso.

Al explicar su decisión mayoritaria –que tuvo el salvamento de voto de dos magistradas-, la sección de revisión de la JEP detalló que no pudo evaluar la conducta de Santrich ni determinar la fecha “dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas” y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso, que la fiscalía envió a la JEP, “no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”. El dictamen concluye que juzgar a Santrich en Colombia “es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Según la fiscalía colombiana, Santrich formaba parte de una red que llevaba delinquiendo desde junio de 2017, un semestre después de la firma del acuerdo final de paz. El histórico pacto establece que solo podrán beneficiarse de la JEP quienes se acojan por delitos cometidos antes de la firma, y los que delincan después de esa fecha serán juzgados por la justicia ordinaria. El juzgado de Nueva York lo señala de conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína.

El caso Santrich tiene profundas ramificaciones. Para empezar, ha provocado un enfrentamiento permanente entre la JEP y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por diferentes interpretaciones de las facultades que tiene la justicia transicional. Mientras la fiscalía sostiene que la JEP unicamente puede certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, el tribunal invoca potestades más amplias, como conocer las pruebas en casos de extradición y evaluar la conducta.

En cualquier caso, la sección de revisión de la JEP aclaró que no le correponde efectuar juicios de responsabilidad penal, y por lo tanto “en el caso en concreto nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla”. La garantía de no extradición no implica que los señalamientos se queden sin investigar y las “autoridades judiciales nacionales” deben ahora “definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente”.

La decisión del tribunal se produce en un momento particularmente delicado de las relaciones entre Bogotá y Washington. La decisión de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes colombianas en las últimas semanas, en plena recta final del trámite de la reforma a la JEP propuesta por el presidente Iván Duque, ha sido ampliamente interpretada como una presión indebida, además de desatar un intenso debate sobre la independencia judicial. Dos de las seis objeciones presentadas por Duque –pendientes de uan revisión integral de la Corte Constitucional- se concentran en la figura de la extradición.

Fuente: El País.

(MiamiNews24).-Las autoridades de inmigración de Estados Unidos (ICE) anunciaron este lunes que han deportado al narcotraficante colombiano José Evaristo Linares Castillo, acusado de apoyar a las FARC, tras cumplir parte de su sentencia en el país.

Linares, que fue deportado a Colombia el 26 de noviembre, es considerado “lo peor de lo peor” entre los traficantes de narcóticos y figuró en la lista de los más buscados en 2013, según detalló en un comunicado el responsable de ICE en Nueva York, Thomas R. Decker.

El narcotraficante supervisó la manufactura y el transporte de miles de kilogramos de estupefacientes desde Venezuela a Centroamérica y el Caribe, para lo que utilizó numerosos lugartenientes y subcontratistas independientes que llevaban la droga producida en sus laboratorios de Colombia.

La organización de Linares, de 53 años, tuvo en posesión unos 20.000 kilos de cocaína, que escondió en Apure (Venezuela), cerca de zonas clandestinas controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde donde fletaba aviones cargados de la droga.

La historia del narcotraficante con la Justicia estadounidense se remonta a 2011, cuando fue imputado en Florida por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. En 2012 fue arrestado en Colombia y extraditado a EEUU para enfrentar un proceso judicial.

Tres años después, fue procesado en Nueva York por tráfico de drogas, narcoterrorismo y apoyo a organizaciones terroristas, en referencia a las FARC. Lo condenaron en 2016 por conspirar para importar cocaína y otros delitos, por lo que fue sentenciado a 100 meses de prisión con crédito al tiempo que había servido en ese país y en Colombia.

fuente:DLA.

(MiamiNews24).-Recién cumplidos los dos primeros años de la firma de la paz en Colombia, la reinserción de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC es “difícil y complicada”, aunque sus mujeres se están organizando para sacar adelante proyectos “de género” que van de los productivos a los políticos o deportivos.

Es el caso de Yorladys Jiménez y Elsy Palacios, dos jóvenes que formaron parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que hoy integran el partido político en el que ha derivado la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y de la que ha heredado las mismas siglas, la FARC.

Ambas viven en Quibdó, capital del Chocó, una de las regiones más castigadas por la pobreza y el conflicto armado que inició su fin el 24 de noviembre de 2016 con la firma del acuerdo definitivo de paz.

De ahí que el Chocó sea uno de los departamentos que Manos Unidas ha priorizado -junto a los del Cauca y La Guajira- para desarrollar sus proyectos, centrados en el desarrollo de las minorías étnicas (afrodescendientes e indígenas) y pequeño campesinado.

Desde esa fecha, muchos de los excombatientes buscan su reinserción entre las comunidades rurales; la de Yorladys y Elsy es la de La Troje, que con más de 400 años es una de las más antiguas de esta región del oeste colombiano.

Elsy era menor de edad -no recuerda si contaba con “14, 15 ó 16 años”- cuando comenzó a “hacer colaboraciones e integraciones en las comunidades” de las FARC.

Su papel, subraya, “no era activo”, sino que ayudaba “cuando se requería la ayuda en reuniones y ese tipo de cosas, convocando a mujeres, niños y sociedad civil para integraciones”.

Hoy trabaja con otras 34 mujeres “el tema de género para ayudarlas en su liberación” con programas que ellas mismas han emprendido porque, dice, “el conflicto ha empezado de nuevo” y ellas “están siendo subyugadas por los hombres”.

Pero “la reinserción ha sido un poco complicada porque se dijeron muchas cosas en el proceso de paz que no han sido completadas hasta el momento”, afirma esta joven de 24 años, quien asegura sentirse “de una u otra forma víctima de la violencia y de la guerra que se ha vivido aquí en Colombia”.

Yorladys, que hoy tiene 31 años, quiso “seguir el camino” de su hermana, aunque a diferencia suya, ella no perteneció “a las filas” de las FARC, sino que se quedó en la “parte política”; de hecho, hoy sigue formando parte del partido del mismo nombre.

Pero desaparecida la guerrilla, la “aceptación” de los que fueran sus miembros está siendo “muy difícil”.

Incluso “en alguna ocasión se metieron en las oficinas del partido”, afirma.

Sucedió a principios de año, estando ella embarazada, un grupo de hombres armados asaltó su sede, aunque “gracias a Dios no hubo daños personales, solo se llevaron algunas pertenencias”.

Ahora, Yorladys está trabajando con otras 34 compañeras para “organizar a las mujeres para los proyectos” de los cuales el más inmediato es el de un cuarto frío para pescados y carnes “para los barrios más vulnerables de la zona norte”.

También realizan programas de carácter deportivo y ya han celebrado jornadas “lúdico-culturales con los niños”.

Su marido, Antonio Angulo, formaba parte del frente 34; dos años después de la consecución de los acuerdos de paz, celebra “haber iniciado un proceso de negociación con el Estado colombiano porque la prolongación de la guerra hubiera significado muchas más muertes”, concluye.

fuente:DLA.

(Miaminews24).-Al menos dos soldados colombianos murieron y otros tres resultaron heridos en el ataque de un grupo disidente de la antigua guerrilla de las FARC en una zona rural del departamento central del Meta, informaron fuentes castrenses.

Los dos soldados fueron identificados como José Alexander Oino Guevara y Andrés Felipe Cano Echavarría, quienes se encontraban en la aldea de Atlántica, en el municipio de La Macarena, según las Fuerzas Militares en un comunicado.

Allí fueron atacados por los miembros de un grupo disidente de las FARC identificado como “Estructura 40” que está bajo el mando de alias “Pablo”.

Tras el ataque y con la ayuda de varios miembros de la Policía, los militares consiguieron detener a tres integrantes de ese grupo armado.

Fuente:DLA

(Miaminews24).-La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su decisión de solicitar a 31 líderes de la antigua guerrilla de las FARC informes sobre los trabajos realizados para encontrar restos de secuestrados o desaparecidos durante el conflicto armado.

Así lo aseguró la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre, al dar respuesta a las apelaciones presentadas el pasado 13 de septiembre por los apoderados de 27 exguerrilleros.

“La Sala de Reconocimiento confirmó su decisión”, dijo Lemaitre, quien precisó que “el plazo máximo de la entrega (de los informes) será el 23 de octubre”.

La JEP informó el pasado 24 de septiembre que recibió 27 recursos de apelación de líderes de la FARC en los que alegaban violación al debido proceso al ser requeridos por el alto tribunal para que informaran de sus actividades y su proceso de reincorporación.

“La Sala resolvió por mayoría no conceder el recurso de apelación ya que la naturaleza de la providencia impugnada, así como sus efectos jurídicos, no son susceptibles de esta figura”, explicó Lemaitre.

Fuente:DLA

(Miaminews24).-El Ejército y la Policía de Colombia continúan los operativos contra el jefe de las disidencias del frente 36 de las FARC, Abel Ayala Urrego, alias “Cabuyo”, responsable del asesinato de tres jóvenes geólogos, luego de que fuera bombardeado su campamento en el noroeste del país.

La operación se llevó a cabo anoche entre los municipios de Ituango y Briceño, que hacen parte del departamento de Antioquia.

Hasta el momento las autoridades solo han confirmado el bombardeo más no si “Cabuyo” fue herido, murió o huyó del lugar.

El pasado 20 de septiembre disidentes de las FARC ingresaron al campamento en el que descansaban los trabajadores de la multinacional minera canadiense Continental Gold en Antioquia y asesinaron a tres geólogos, dejaron heridos a tres más y a un empleado desaparecido.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Laura Alejandra Flórez Aguirre, Camilo Andrés Tirado Farak y Henry Mauricio Martínez Gómez.

Fuente:DLA

(MiamiNews24).-Los exlíderes de las FARC Luciano Marín, conocido como “Iván Márquez”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, quienes abandonaron la zona de reincorporación en la que permanecen los excombatientes y cuyo paradero se desconoce, aseguraron en una carta que el acuerdo de paz en Colombia fue “traicionado”.

En una misiva que enviaron a la Comisión de Paz del Senado los exguerrilleros indicaron que tres actos de “insensatez” empujaron al acuerdo que el Gobierno y las FARC firmaron en 2016 al “abismo de los procesos de paz fallidos”.

Se trata de “la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del acuerdo“, dijeron en el texto que fue escrito el pasado 22 de septiembre y dado a conocer este lunes a la medianoche.

La dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en el que se transformaron las FARC, afirmó el pasado 16 de agosto que desconoce el paradero de Márquez, “El Paisa” y Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”.

Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC en los diálogos de paz en La Habana, abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en el departamento de Caquetá (sur), en el que permanecen algunos de los exinsurgentes luego de entregar las armas.

Además, no asumió su escaño como senador alegando incumplimientos del acuerdo de paz y en protesta por la detención el pasado 9 de abril de Jesús Santrich, otro líder guerrillero pedido en extradición por Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico.

En la carta que publican medios locales tanto Márquez como “El Paisa” critican al expresidente Juan Manuel Santos por no haber salvado la paz.

Lo esencial del acuerdo de paz de La Habana ha sido traicionado. No se aplicó plenamente la amnistía, todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer acuerdo parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no la tienen“, manifestaron.

También, señalaron que el acuerdo tuvo una falla estructural que consiste en “haber firmado, primero, la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros“.

Esa, precisaron, “es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno”.

Por último, los exlíderes insurgentes hicieron un llamado a la Comisión de Paz del Senado para salvar lo acordado.

“Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días”, puntualizaron en la carta.

Fuente:DLA.

(Miaminews24).-Un juez de Colombia negó un recurso de hábeas corpus presentado por el exlíder de las FARC Jesús Santrich, con el que pretendía recuperar su libertad ya que está detenido con fines de extradición a EEUUpor el presunto delito de narcotráfico, informó hoy la Fiscalía.

Esta es la cuarta vez que diferentes instancias judiciales le niegan este recurso a la defensa de Seuxis Paucias Hernández Solarte, que en su época de guerrillero era conocido como “Jesús Santrich“.

Por cuarta vez niegan hábeas corpus presentado por Seuxis Paucias Hernández Solarte”, escribió la Fiscalía en Twitter, mensaje en el que agrega que la decisión la tomó el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

El ente acusador añadió que el juzgado “ratificó competencia de Fiscalía para proferir captura y decidir sobre libertad de Hernández Solarte”.

La defensa de Santrich ha argumentado que la detención no es legal porque es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la competente en su caso y no la Fiscalía, ya que éste se había sometido a esa justicia.

Santrich, uno de los jefes de las FARC, ahora convertidas en partido político, fue detenido en Bogotá el pasado 9 de abril a pedido de la justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma de la paz.

Actualmente está detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá, a la espera de la decisión que tome la JEP, organismo de justicia transicional creado tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

El exguerrillero iba a ocupar uno de los diez escaños en el Congreso a los que la FARC tiene derecho durante dos periodos legislativos en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, no obstante no asumió el cargo por estar detenido.

Fuente:DLA

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