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La ciudad comenzó a incautar 46 camiones de helados el miércoles en la “Operación Meltdown” luego de que los operadores de los vehículos violaron las leyes de tránsito y eludieron las multas durante casi una década, dijo el alcalde Bill de Blasio en un comunicado de prensa.

Mientras los operadores entregaban paletas de hielo entre 2009 y 2017, también acumulaban 22.000 citaciones y casi 4,5 millones de dólares en multas por violaciones de tráfico, dijo la ciudad. Los operadores habían sido citados por saltarse los semáforos, estacionarse cerca de bocas de incendio y bloquear pasos peatonales, entre otras cosas, dijo el comunicado de prensa.

“Todos sabemos por experiencia común que los camiones de helados son imanes para niños”, dijo Zachary W. Carter, el abogado corporativo de la ciudad. “Para proteger esta categoría particularmente vulnerable de peatones, nuestras leyes de tráfico deben ser aplicadas estrictamente”.

Para salirse con la suya y no pagar multas, dijo el comunicado, los operadores crearon docenas de compañías “fantasmas” y volvieron a registrar camiones en el Departamento de Vehículos Motorizados bajo los nombres de diferentes corporaciones. Para cuando el departamento de finanzas de la ciudad trataba de cobrar una deuda, no habría rastro de la compañía ofensora, según el comunicado de prensa.

La ciudad ha presentado una demanda contra los señalados que deben más de 10.000 dólares en juicios o multas impagas, según el comunicado.

“Ningún neoyorquino está por encima de la ley, especialmente aquellos que intentan ignorar las leyes de seguridad pública y crear situaciones peligrosas para peatones, ciclistas y conductores”, dijo De Blasio en un comunicado.

Fuente: CNN

La ministra de trabajo de Perú, Sylvia Cáceres, anunció que se impondrán multas a las empresas que discriminen a empleados venezolanos por su nacionalidad.

Cáceres informó que las multas podrían alcanzar hasta los 55.000 dólares, e hizo un llamado a reconocer el trabajo de los migrantes.

“Que nadie se aproveche del estado de necesidad de los ciudadanos venezolanos siendo contratados por menos precio, mejor dicho, menor salario, menor remuneración, desplazando de esa manera, de manera discriminatoria, a trabajadores peruanos”, reseñó la agencia de noticias AP.

Cabe destacar que en la ciudad de Cusco se aprobó una resolución que ofrece prioridad de contrataciones a peruanos.

Fuente: Su Noticiero

Tras una investigación hecha por Univision 23 sobre las prácticas irregulares de multas a conductores en las que habría incurrido la empresa Professional Parking Management sin las licencias necesarias, la autoridad tomó la decisión argumentando que su gran prioridad es proteger a los residentes.

Es la primera vez que las empresas que estaban permitiendo este tipo de multas en el caso de mitos privados, dan la cara, presentandose a la comisón.

la empresa Professional Parking Management perdió la batalla porque los comisionados dijeron que deían proteger a los residentes. éstas multas que provocaron la indignacón de muchos y quedaron prohibidas a partir de hoy en miami.

la decisón se tomó de manera unánime en la comisón, tras la publicacón de una investigacón que reveló las tácticas irregulares de esta empresa que estaba imponiendo multas como si fueran de la ciudad de miami.

Esta empresa operaba como sistema de supuestas apelaciones en internet, e invitaban a la autoridad de parqueo de miami. Los civiles encontraban  estas multas, pero eran falsas. era una campaña de los dueños de los estacionamientos privados que criticaban a los políticos. lucía como un tiquete norma y  las infracciones constaban desde $45.

La empresa fue creada en el estado de Georgia, no tiene oficinas en la Florida y sus dueños están ligados a compañías que perdieron sus licencias por fraudes o irregularidades en contra de la ciudad.

Fuente: Univisión 23

18 de Junio de 2013/SANTIAGO Un indigente descansa en las afueras de la Estacion Mapocho enfrentando una de las mañanas más frías del año. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

La ciudad de Miami Beach tomó la decisión de ayudar a Miami-Dade Homeless Trust con el financiamiento de  programas para personas sin hogar, esta labor social será realizada a través del dinero recolectado por las multas impuestas de alquileres ilegales.

La realidad es que este dinero es mucho menos que el que se hubiera recolectado si parte de los impuestos que la metrópolis paga sobre alimentos y bebidas se usara para ayudar a los ciudadanos que se encuentran sin hogar o son víctimas de violencia doméstica, explicó al diario MiamiHerald.com

Se conoció que el monto es mucho menor del que se hubiera conseguido si se hubiese logrado cobrar un impuesto del 1% en las facturas de los restaurantes de Miami Beach.

Mas, la Comisión de la Ciudad de Miami Beach indicó que con el programa se beneficiarán las ciudadanos afectados con unos 500 mil dólares que ya se han recaudados  -en los últimos cuatro años- por el cobro de las multas a las personas que alquilan ilegalmente en las zonas residenciales de Miami Beach. La Comisión aseveró al MiamiHerald.com que el dinero recolectado está resguardado.

En estos momentos las localidades de Miami Beach, Surfside y Bal Harbour no pagan el impuesto del 1% que se le impone en las facturas a los restaurantes de los 32 municipios del Condado de Miami-Dade. De ese dinero, el 85% se dirige al programa de Homeless Trust y el resto se ubica en los planes sobre violencia doméstica. Pero estas ciudades no pagan ese impuesto porque tienen otros aranceles que son empleados en servicios municipales.

Pero los empresarios de Miami Beach no estaban de acuerdo con implementar esta normativa debido a que tendrán menos clientes porque se elevarían los precios de los productos consumidos. Argumentaron que pagan un  impuesto del 9% por alimentos y bebidas, de hecho es el más elevada del estado de la Florida. El mismo recauda unos 400 mil dólares al año.

El director del programa de Homeless Trust, Ron Book, expresó que le parece excelente la nueva medida, pero espera que en el futuro Miami Beach realice una mayor contribución. Insistió que si se recauda el 1% sobre las facturas de los restaurantes podrían generarse ingresos de unos 5 millones de dólares, así lo indicó MiamiHerald.com.

La ciudad de Miami Beach  cuenta con planes propios para personas sin hogar, en ellos erogan unos 3.2 millones de dólares, en cuanto a sus programas de atención a las víctimas de la violencia invierten anualmente unos 150 mil dólares.

Fuente: Miami Diario.

 

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En Florida se aprobó el día viernes 03 de mayo una enmienda que obliga a expresidiarios a pagar multas y cualquier deuda pendiente como requisito para volver a ejercer su derecho a voto, por más de 150 años las personas condenadas por delitos graves se les quitó este beneficio como parte de castigo, sin embargo en el 2018 la Enmienda 4 sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias fue aprobada por los electores y ahora se toma en consideración a exconvictos.

La nueva ley busca reglamentar la enmienda constitucional en medio de críticas, entre ellas de grupos civiles y demócratas que consideran innecesaria la norma aprobada hoy.

«Los republicanos se unieron como nunca antes para dificultar aún más que los ciudadanos puedan recuperar el derecho al voto», señaló el grupo civil no partidista Nueva Mayoría de Florida.

Lamentó que «ignoraron» la voluntad de miles de floridanos que votaron a favor de la Enmienda 4 y que incluso «niegan» con la nueva medida «la oportunidad de promover enmiendas».

Se calcula que más de 1,4 millones de expresidiarios de Florida recuperaron su derecho al voto gracias a dicho plebiscito, que no cobija a aquellos que cumplieron penas de prisión por asesinato o delitos sexuales.

Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida, lamentó que aquellos expresidiarios de bajos recursos, «los floridanos de clase trabajadora», no podrán recuperar el derecho al voto.

La Enmienda 4 obtuvo en noviembre pasado el apoyo del 64% de los votantes de Florida, lo que garantiza la completa restauración del derecho electoral.

Sin embargo, desde enero, el republicano DeSantis, quien asumió en ese entonces como nuevo gobernador, señaló que cumpliría con dicha reforma constitucional, pero que el Legislativo estatal debía revisar antes algunos aspectos de la misma.

Hasta el pasado 31 de marzo un total de 13.412.976 millones de personas estaban inscritas en el padrón electoral de Florida, en su mayoría demócratas (4.966.223), seguidos por republicanos (4.722.570) e independientes (3.601.942).

Fuente: Diario las Américas.

 

Gabriel Molina, un hombre residente de Miami que condujo un Ferrari a 100 millas por hora (mph) en los Cayos, tuvo más problemas con la ley que solo una multa por conducir a exceso de velocidad. La pasajera que lo acompañaba ayudó a acusarlo de un delito, sin embargo, Molina desde el 2013 hasta este año acumuló nueve multas de tráfico, entre otras una en el Condado Miami-Dade por conducir a 100 mph en una zona de 55.

El total de las multas que ha pagado suma $2,411. De modo que no hubo mucha sorpresa cuando Molina fue capturado conduciendo un Ferrari de 2016 que, de acuerdo con la policía del Condado Monroe (MCSO), se desplazaba a gran velocidad en dirección sur por el carril del centro de la carretera U.S. 1.

El sargento de la MCSO Robert Dosh, se encontraba en su auto a la altura de la milla 87 a las 2:13 a.m., cuando Molina le pasó cerca a 75 mph. Dash activó la sirena de su auto patrullero, y lo que Molina hizo fue acelerar hasta alcanzar las 100 mph.

La MCSO dijo que Molina apagó las luces. Dosh capturó a Molina cuando éste se detuvo en una gasolinera.

Según la MCSO, Molina le dijo a Dash: “El carro es un Ferrari y se mueve muy rápido”, y luego agregó que no estaba tratando de escapar cuando llegó a las 100 mph por la U.S. 1. “Sin embargo, una mujer que iba en el asiento del pasajero declaró que Molina vio las luces y escuchó la sirena del sargento Dosh”, dijo la MCSO en el reporte del arresto.

“La pasajera declaró también que le dijo a Molina que bajara la velocidad”. Molina terminó acusado de tratar de escapar y de eludir a un agente de la ley —lo que se considera un delito— que tenía activadas las luces y la sirena de su auto patrullero.

Fuente: El Nuevo Herald

El operador de una embarcación de Watson Island que da paseos charter por la zona enfrenta multas que ascienden a los $42,000 por varias violaciones de seguridad, entre ellas tener un negocio charter sin los documentos que hacen falta.

Entre las violaciones que encontró un bote patrullero del Servicio Guardacostas con base en Miami Beach están no tener un capitán acreditado en control del barco de 20 pies de eslora, no tener un certificado de inspección, no tener un programa para consumo de drogas y alcohol ni tampoco una carta de estabilidad válida, según dijo un portavoz de la agencia.

El Servicio Guardacostas abordó el barco el lunes durante el feriado federal por el Día de los Presidentes. Watson Island, localizada en la Bahía de Biscayne, forma parte de la Ciudad de Miami.

“Queremos que las personas se diviertan en el agua, esto es algo más importante que el hecho de que estén seguras”, dijo en una declaración Benjamin Mercado, agente investigador de la agencia del Sector Miami. “Pero confiar en un operador que no tiene las credenciales que hacen falta podría ser peligroso para todo el mundo”.

Los dueños y operadores de embarcaciones que transporten de forma ilegal pasajeros encaran multas civiles que alcanzan $42,394, de acuerdo con el parte de prensa.

Fuente: El Nuevo Herald

(MiamiNews24).-Miles de multas impuestas a través de las cámaras de vigilancia están en suspenso. ¿La razón? Un juez de Miami Dade determinó que as diferentes ciudades del Condado deben utilizar las mismas reglas o estándares para multar a las personas que cometen infracciones de tránsito y quedan registradas en las llamadas “cámaras rojas.

El fallo del juez Steve Leifman es el resultado de una demanda de The Ticket Clinic, una oficina de abogados que se encarga de representar a quienes hayan cometido diversas infracciones de tráfico. Según Leifman, los diferentes municipios no pueden hacer valer esas penalidades si no hay antes una uniformidad en las normas.

En este momento, 16 ciudades Miami-Dade tienen diferentes normas para tratar el tema de las infracciones generadas por las cámaras rojas.

La demanda está basada en el caso de un conductor, en la ciudad de Aventura, que se pasó un semáforo en rojo y su abogado argumentó, frente al juez Leifman, que quienes manejan no pueden conocer las diferencias en reglas de una ciudad a otra y, por lo tanto, se deben unificar los criterios.

En este momento la demanda se encuentra en el tercer distrito de la corte de apelaciones de Florida.

Por lo tanto el caso sigue en litigio.

Polémica

El pasado 2 de marzo, la ciudad de Miami puso fin a la operación de las cámaras rojas, después de que en el mes de diciembre de 2017 los comisionados de ese municipio, de manera unánime, aprobaran no renovar el contrato con la empresa que manejaba dichos dispositivo instalados en los semáforos de la ciudad.

En su momento el alcalde Francis Suárez argumentó que, por lo general, esas multas afectaban a los residentes más vulnerables.

También este año la Corte Suprema de la Florida determinó que los municipios pueden hacer uso de las cámaras para documentar y castigar a los infractores de las normas de tránsito.

Sin embargo, estos sistemas han sido objeto de innumerables demandas y polemicas porque han sido considerados una especie de impuesto indirecto y una manera como los municipios buscan conseguir ingresos.

Se ha dicho que tales cámaras generan al año 77 millones de dólares, y de ellos el 58% va a las arcas del Estado.

Los resultados del verdadero impacto de esos dispositivos en la seguridad vial no son contundentes.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU) de 2015, «durante el primer año de utilización de esas cámaras se experimentó un incremento marginal en choques generados en los cruces que se hacen a la derecha, y un incremento significativo en estrelladas por detrás, [pero] hubo una disminución significativa en accidentes de tránsito y el cruce con el semáforo en rojo.

fuente:DLA.

(MiamiNews24).-Multas de 3.700 pesos (unos 148 dólares), esa es la condena que ha recibido más de una docena de «clientes» de una presunta red falsificadora de documentos del municipio Cerro, dedicada a «agilizar» trámites de cambio de dirección de provincia hacia La Habana.

Varios sentenciados aseguraron a Diario de Cuba que sintieron alivio tras el veredicto, ya que Fiscalía había pedido para ellos hasta tres años de privación de libertad sin internamiento.

«Creo que el desenlace fue este porque el Tribunal de La Habana se vio presionado por la visibilidad mediática que adquirió el caso y las denuncias de que se pretendía criminalizar a quienes fueron estafados como medida ejemplarizante», expresó una abogada defensora que pidió no ser identificada.

Buena parte de quienes acudieron a las presuntas lideresas de la red lo hicieron creyendo que «agilizaban el trámite», no que sus documentos serían falsificados, añadió.

De los más de 20 procesados, solo se conocieron las sentencias de quienes recibieron los servicios de la red, no así de las principales acusadas, ambas exempleadas de dependencias estatales.

En noviembre de 2016, la técnico de Ordenamiento Territorial Niuvis Marily García se quitó la vida en La Habana. Días antes, le habían notificado una revisión del papeleo legal que manejaba, especialmente los modelos de Resolución por el Decreto 217/97, relacionados con expedientes de migración interna en el país.

El suicidio no hizo sino aumentar las sospechas de las autoridades. Sonia Milagro Barban, abogada de la Dirección Municipal de Vivienda del Cerro desde 2012, fue detenida por agentes de Policía y separada del cargo. En breve la acusarían de liderar la red de falsificación de documentos.

Su amiga Iluminada Machado, funcionaria del Consejo de Administración Provincial de La Habana, «tuvo acceso a los modelos de Resolución por el Decreto 217/97 y preparaba los expedientes» en 2013, según el informe elaborado por la Fiscalía General de la República.

Fue aquel el año en que Machado y Barban se unieron «con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo, y aprovechando Barban las facultades que le brindaba el cargo en que se desempeñaba», de acuerdo con la Fiscalía.

Tanto Machado como Barban llevaban dos años de reclusión cuando se inició el juicio. El proceso de la Causa 41/18 se extendió por dos días (28 y 29 de agosto pasados), en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Popular Provincial habanero.

La red, que según las autoridades operó entre 2013 y 2016, se habría dedicado a falsificar expedientes migratorios de residentes en provincias hacia la capital, y habría tenido como centro la oficina de Vivienda del municipio Cerro.

Los implicados tramitaron cambios de dirección de Guantánamo, Granma, Camagüey, Artemisa e Isla de la Juventud a municipios como Guanabacoa y Habana Vieja, indicaron las actas oficiales del caso.

Fuente:DLA.

(Miaminews24).-Expertos sostienen que el presidente Donald Trump podría tener que pagar millones de dólares en multas civiles si las autoridades estatales y federales comprueban un informe del New York Times que lo acusa de haber estafado durante décadas a la oficina de rentas internas.

Trump ha negado haber cometido delito alguno en este sentido y cualquier cargo penal ha prescrito hace mucho tiempo, pero esos límites no se aplican a los casos civiles y las sanciones financieras pueden ser abrumadoras.

La pena civil por fraude al pagar menos impuestos de lo que corresponde al Servicio Interno de Impuestos del departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) -como hizo la familia Trump según el Times- podría incluir una pena de hasta el 75% de los impuestos federales impagos y el doble de la cifra impaga al estado de Nueva York, sostienen expertos.

Las sanciones “podrían ser altas y si se comprueban las denuncias en un tribunal, deben cobrarlas”, dijo Norman Eisen, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y exasesor ético del gobierno de Barack Obama.

El departamento impositivo de Nueva York dijo que analiza el largo reportaje del Times y que sigue enérgicamente todas las pistas correspondientes de investigación”. La ciudad de Nueva York dijo que realizaría su propia investigación. Un vocero del IRS se negó a hacer declaraciones.

 

Fuente:VOZ DE AMERICA

VARIEDADES

Un psiquiatra del Condado Orange, California, fue condenado a 57 meses (cuatro años y siete meses) en prisión federal por prescribir opioides ilegalmente, según...