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PADRES

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Ambas víctimas tenían 63 años de edad, dijo el alguacil local, Brian Asbell, que indicó que las víctimas, de 63 años, fueron vistas por última vez el pasado día 25 y que probablemente murieron el viernes mientras dormían.

Los cuerpos fueron encontrados este martes en la rivera del río Spoon y estaban envueltos en carpas de casa de campaña.

El acusado dijo a la policía, en una confesión corroborada por evidencia en la escena del crimen, que esperó hasta que ambos adultos estaban dormidos para rociarlos con gas pimienta y luego apuñalarlos varias veces.

Asbell dijo que el domingo pasado el joven trató de engañarles al simular que había ocurrido un hurto en su residencia de Princeville, pero que su versión no era creíble.

Dijo que aún están tratando de entender la causa del aparente odio que el joven sentía contra sus progenitores.

Ramírez, según la policía, no tenía antecedentes criminales ni tampoco arrestos, pero en 2011 se reportó que el joven había escrito en un espejo de un baño de la Universidad Bradley “Quiero matar a mis padres”.

Un amigo del acusado, Matthew Roberts, de 20 años, fue acusado de obstrucción de justicia y de ocultar un homicidio en la muerte de la pareja.

Fuente:DLA

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(MiamiNews24).-La crisis causada por las políticas de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular del Gobierno de Estados Unidos en la frontera con México no ha finalizado y se difunde “una realidad distorsionada”, advirtió el miércoles una ONG.

El director ejecutivo de Border Network Human Rights (BNHR), Fernando García, explicó que el panorama planteado es “distorsionado y falso”, puesto que todavía un centenar de niños permanecen alejados de sus familias y, además, denunció que la “tolerancia cero” no ha sido suspendida.

El juez federal Dana Sabraw firmó ayer un acuerdo preliminar bajo el cual el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias separadas en el mes de junio.

El magistrado, que calificó este acuerdo de “excelente”, añadió que están “muy cerca” de terminar con esta situación.

De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a 2.296 de los 2.654 niños separados. Del grupo restante, 136 menores continúan bajo custodia de las autoridades -96 de ellos de padres que ya han sido deportados- y otros 219 no serán elegibles para reunificación.

“Esta es una distorsión cínica porque a la Administración parece que no le interesan ni los niños ni las familias, mientras que ellos dicen que está solucionado vemos cómo llegan más niños a las cárceles”, declaró García.

La pasada semana, al menos 1.600 menores fueron trasladados desde otras prisiones del país hasta el centro de Tornillo, en las afueras de El Paso (Texas), con capacidad 3.800 personas.

El director de BNHR desconfió de las intenciones de las autoridades, ya que, según su experiencia, en la región cuando los inmigrantes son trasladados a la frontera es para preparar su expulsión.

“Estamos en la antesala de una deportación masiva de menores”, advirtió García.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organismo que interpuso una de las tres demandas contra el Gobierno, precisó que cuando la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE) se encarga de las repatriaciones a Centroamérica no lo notifica a los padres con anterioridad.

Por ello, solicitó a través de un comunicado que el Departamento de Salud y Servicios Humanos se responsabilice de dicho proceso.

Fuente:DLA.

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(MiamiNews24).-La “rabia” acumulada por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras cuatro años sin conocer el paradero de sus hijos se convirtió este miércoles en “esperanza” en una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo gobierno -aseguraron- confían para “alcanzar la verdad”.

“Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esperanza”, afirmó en una conferencia Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes.

Los padres de los estudiantes, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, acudieron a la reunión con el mandatario electo aferrados, como es habitual, a los carteles con los rostros de sus hijos y acompañados por un grupo de estudiantes de la escuela de maestros a la que pertenecían las víctimas.

El acercamiento ha marcado un antes y un después en el caso, que hasta ahora ha estado condicionado por la falta de avances por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha defendido hasta la fecha la validez de una narrativa oficial desmentida por expertos internacionales.

La lucha “nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso, por nuestros hijos”, consideró Álvarez, quien al igual que el resto de padres confía en que su hijo todavía esté vivo, y conserva intactas, 48 meses después de la desaparición, las ganas de “abrazarlo y besarlo”.

“Estamos contentos, estamos con el corazón lleno de esperanza. Para los padres, sin justicia no hay paz”, expresó Álvarez.

López Obrador se comprometió ante los padres a cumplir tres compromisos. El más importante de ellos radica en instalar una Comisión de la Verdad para seguir investigando el caso.

Esta ya ha sido decretada por un tribunal colegiado, aunque los efectos de la sentencia quedaron detenidos durante unas semanas hasta que otro órgano judicial confirmó que la Comisión es viable y cuenta con sustento constitucional y legal.

Independientemente de lo que pueda pasar con dicha sentencia, López Obrador avanzó que el 1 de diciembre, cuando asuma la Presidencia, emitirá un decreto por el que iniciará la Comisión, si es que por entonces no se ha hecho.

Otro de los compromisos consiste en no obstaculizar desde el Ejecutivo la investigación y fomentar la colaboración de todas las instituciones gubernamentales que puedan ayudar a esclarecer el paradero de los jóvenes.

Por otro lado, “se acordó abrir las puertas de nuestro país a los organismos internacionales de derechos humanos que han ayudado contra viento y marea a que este caso no fuese cerrado”, subrayó López Obrador.

Cuando miembros de la prensa le preguntaron si se iba a investigar al Ejército -en el que todavía no se ha indagado pese a las peticiones de la CIDH y otras organizaciones-, el izquierdista contestó con un escueto: “A todos”.

En el mismo sentido se pronunció el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien será responsable de coordinar la investigación. “Se va a investigar todo”, dijo a un grupo de medios.

Recordó que la sentencia del tribunal que ordenó la creación de la Comisión “habla de funcionarios que obtuvieron declaraciones (de detenidos) bajo tortura”, pero precisó que no se va a emprender “una cacería de brujas”.

“Han pasado cuatro años donde ha habido una actitud omisa en la investigación, pero creo que todo puede reconstruirse (…). Se retomará lo que ha sido bien hecho y lo que no, se corregirá. Y habrá nuevas líneas” en la indagatoria, detalló.

De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos, que los entregaron a miembros de un grupo criminal que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

No obstante, este relato ha sido desmentido por expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han señalado irregularidades en la investigación oficial, así como la imposibilidad física de que 43 cuerpos fueran incinerados en el vertedero.

En la reunión con los padres también estuvieron presentes representantes de la CIDH, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, indicó que todavía está por detallar el “plan de acción” del organismo -que implementó desde 2016 un mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa- en este “trabajo conjunto” que supone la Comisión de la Verdad.

“Necesitamos organizarnos, establecer una metodología, porque se trata de muchas instituciones; vamos a ver la responsabilidad que cada una tiene”, aseveró la relatora, quien recientemente visitó la escuela para maestros de Ayotzinapa, donde reiteró que la CIDH “no acepta” la versión del Gobierno sobre la desaparición.

Fuente:DLA.

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(MiamiNews24).-The Children’s Trust Family Expo abrirá sus puertas el sábado 8 de septiembre en el Fair and Expo Center de Miami-Dade County.

El evento anual y gratuito se lleva a cabo de 10 a. M. A 5 p. M.

La exposición atrae a más de 15,000 visitantes al año y cuenta con más de 200 expositores en un esfuerzo por proporcionarles a los padres contacto directo con los servicios sociales y de salud, así como oportunidades educativas.

Las exhibiciones ofrecen información sobre programas extraescolares y de enriquecimiento, educación nutricional, prevención de lesiones, programas para niños con necesidades especiales y más.

“Es difícil ser padre, y no están solos”, dijo James Haj, presidente y CEO de The Children’s Trust. “Hay servicios y hay proveedores en toda esta comunidad para ayudar con todos los aspectos de criar a los niños y construir familias más sólidas”.

El evento también incluye actividades divertidas que los niños adorarán, como la pintura de caras, las manualidades, las casas de rebote, las paredes de escalada en roca, la interacción con los personajes de cuentos favoritos y la música en vivo y los espectáculos de danza en dos etapas.

Para obtener más información, visite thechildrenstrust.org.

Fuente:Local 10.

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(MiamiNews24).-El Gobierno de EE.UU. afirma tener datos de los padres deportados sin sus hijos, aunque no reveló si ya procedió con las reunificaciones, mientras que algunas asociaciones dicen haber detectado casos de progenitores “forzados” a aceptar su salida.

En un escrito remitido a una corte federal este jueves, los abogados del Gobierno informaron que tienen el contacto de 343 indocumentados, hasta el momento el total de padres deportados que aún están sin sus hijos, y que de esa cifra se han identificado seis casos de riesgo para el menor, debido entre otras razones a antecedentes del progenitor o dudas sobre el parentesco.Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó a la Administración del presidente Donald Trump por la separación de familias en la frontera sur, afirmó que han detectado casos de padres que se apresuraron a tomar decisiones que los alejó de su derecho de solicitar asilo político.

“Estos incidentes incluye padres a quienes se les dijo que necesitaban aceptar su deportación y no buscar asilo político para ser reunificados con sus hijos, y padres a los que se les pidió firmar documentos que no entendían y en idiomas que no hablan, que hizo que renunciaran a su derecho”, señaló Lee Gelernt, abogado de ACLU.

La declaración de Gelernt coincide con lo expuesto en una demanda presentada hoy por la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA) y otros grupos, que denuncian que el Gobierno ha utilizado “estrategias coercitivas” para que los inmigrantes se vean forzados a no continuar con sus peticiones de asilo.

ACLU solicitó el regreso de algunos padres deportados
A raíz de lo anterior, ACLU ha solicitado con anterioridad que se permita el regreso a Estados Unidos de algunos padres o madres que supuestamente aceptaron su deportación para no demorar o evitar la reunificación con sus hijos, a fin de pelear una petición de asilo.

El magistrado Dana Sabraw, que ve la demanda y ordenó en junio al Gobierno que procediera a reunir a las familias separadas como resultado de su política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, pidió en una audiencia la semana pasada que ambas partes se pongan de acuerdo sobre el sitio de reunificación, si bien avanzó que lo más fácil sería en el país donde están los padres.

En cuanto a números totales no hay gran diferencia respecto al informe de la semana anterior, cuando el Gobierno federal dio cuenta de 565 menores bajo su cuidado.

En el documento de esta semana se consigna a 528, del total de 2.654 separados de sus padres en la frontera, los cuales se hallan en custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) de EE.UU., incluidos 23 que son menores de cinco años.

Los abogados del Gobierno manifiestan en el escrito que 139 padres, muchos de ellos fuera del país, han renunciado a su derecho de ser reunificados con sus hijos, todos ellos mayores de cinco años.

Por su parte, ACLU señaló en el documento que con ayuda de asociaciones en países centroamericanos han logrado comunicarse con 231 padres deportados, de los cuales 183 han expresado su deseo de reunificación, mientras que 23 aún lo están evaluando.

Esta organización señaló que hasta la fecha se han concretado 10 reunificaciones de familias indocumentadas en sus países de origen, mientras que otras 15 se han declarado listas para lo mismo, ante lo cual un “comité” compuesto por asociaciones civiles se encuentra asistiendo con la documentación.

El Gobierno manifestó que presentarán sus propias cifras de traslados de menores a los países donde se encuentran sus padres “cuando dicho proceso esté en marcha”.

Honduras y Guatemala los países con más deportaciones
De acuerdo con el reporte presentado este jueves, se estima que el 95 % de los padres deportados se encuentra en Honduras y Guatemala, y el resto en El Salvador y México.

Ambas partes regresarán el viernes a la corte, donde se espera que entre otras cosas discutan si algunas reunificaciones se pueden concretar en Estados Unidos, una propuesta que no es bien vista por el Gobierno.

Fuente:Miami Diario.

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(MiamiNews24).-El Gobierno mantiene aun bajo su custodia a 565 niños indocumentados separados de sus padres en la frontera, 24 de ellos menores de cinco años, revela un reporte entregado el jueves en una corte federal de San Diego (California).

Ese más de medio centenar de menores indocumentados bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) fueron parte de más 2.600 niños separados de sus progenitores en la frontera con México, como resultado de la política estadounidense de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, y sobre los que el juez federal Dana Sabraw ordenó en junio pasado sean devueltos a sus padres.

Según los abogados del Gobierno, algunos de esos 565 niños no han podido ser reunidos con sus padres porque la información sobre ellos no se ha actualizado o porque sus padres representan un riesgo para su bienestar.

De los 565 menores que continúan bajo cuidado del Gobierno, 24 son menores de cinco años, tal como consta en el reporte de hoy y en el que por primera vez se incluye una relación de los niños mayores y menores de esa edad.

En un grupo de 366 niños, seis de ellos menores de cinco años, sus padres ya han sido deportados del país por lo que los menores serán trasladados ahí o se designaría a un tutor o familiar en Estados Unidos para que se haga responsable de ellos.

Esta propuesta de reunificación todavía requiere aprobación de Sabraw, luego de que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que interpusieron una demanda colectiva contra la Administración de Donald Trump por la separación de familias indocumentadas, solicitaron de que se conceda el regreso a Estados Unidos de algunos de esos padres.

De acuerdo a ACLU, el plan presentado la semana pasada por el Gobierno de “no habla o resuelve sobre el derecho de los padres deportados a ser reunificados con sus hijos en Estados Unidos”.

Agrega la organización que dicho plan, presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el de Seguridad Nacional (DHS), Estado (DOS) y Justicia (DOJ), asume que todos los reencuentros deben realizarse en el país de origen de los involucrados.

“En algunos casos, los padres deportados pudieron no haber aprovechado su derecho a solicitar asilo político porque fueron engañados u obligados a creer que el hacerlo podría demorar o evitar la reunificación”, señalan los abogados de ACLU en una notificación presentada hoy a la corte.

El gobierno de Estados Unidos indicó en su informe de hoy que 154 padres -muchos de éstos ya deportados- se negaron a hacer valer su derecho de reunificación.

ACLU, por contra, alude a 73 padres cuyos hijos estaban bajo custodia de la ORR y que fueron deportados después del 26 de junio, cuando Sabraw ordenó y dio plazos para la reunificación de las familias separadas en la frontera, plazos que no fueron cumplidos en su totalidad por el Gobierno.

De ese grupo, 31 fueron repatriados incluso hasta una semana después del mandato de la corte, de acuerdo a documentos entregados por la Administración federal a la organización de defensa de derechos civiles.

El Gobierno argumenta que el mandato judicial no obliga que los beneficiados de la demanda colectiva vuelvan a Estados Unidos, y se mantiene en que en el caso de los padres deportados la reunificaciones deben ser en el país de origen.

La pasada semana, Sabraw dio luz verde a la propuesta del Gobierno de Donald Trump para reunir a estas familias, que se basa en cinco pasos: identificar a las familias, hacer contacto, determinar las intenciones del padre con el niño, resolver cuestiones migratorias del menor y, finalmente, transportar al niño al país donde se encuentra el padre o madre.

Entre los cambios que han quedado establecidos a esa propuesta figura que la Administración se encargue de la logística y traslado de los menores que vayan a ser llevados a sus países de origen, además que debe afirmarse que la reunificación no interferirá con el derecho del niño a solicitar asilo a Estados Unidos en el futuro.

Ambas partes regresarán a la corte el viernes.

Fuente:DLA.

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(Miaminews24).-Un grupo de padres de víctimas de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, en el sur de la Florida, donde murieron 17 personas en un tiroteo el pasado febrero, criticaron este jueves la “inacción” de la Junta Escolar del Condado Broward.

En rueda de prensa, los padres de familia de esta escuela, en la que el exalumno Nikolas Cruz mató a 14 estudiantes y 3 maestros con un rifle de asalto, lamentaron el incumplimiento de promesas hechas por las autoridades escolares en torno a incrementar la seguridad en las escuelas de ese condado, entre ellas la que fue escenario de la masacre.

Tony Montalto, padre de Gina, una de las víctimas de la matanza, señaló que los nueve miembros de la junta hasta ahora no han provisto de “respuestas”, mientras que otros lamentaron que el próximo miércoles, cuando se inicien las clases escolares, la secundaria Marjory Stoneman Douglas no vaya a tener los prometidos detectores de metales.

Otros criticaron que la junta escolar haya suspendido una investigación de la masacre, con el fin de no duplicar con la investigación que hará una Comisión de Seguridad Pública de la secundaria.

Durante la rueda de prensa, los padres expresaron su apoyo a dos padres de familia de esta escuela, que aspiran a ocupar un sillón en la junta escolar de este condado en las elecciones de agosto próximo, en la que se elegirán cinco nuevos puestos en esta directiva.

Fuente :DLA

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(MiamiNews24).-El Gobierno de Donald Trump dio a conocer este jueves la creación de un grupo que coordinará la reunificación de familias inmigrantes cuyos padres han sido deportados o liberados en el país, según señaló en un escrito judicial.

En un reporte entregado en una corte federal en San Diego, el Gobierno ha instituido un grupo para esta tarea, que responde a un mandato del juez federal Dana Sabraw, quien ya la semana pasada calificó de “inaceptable” que no se hubiera planteado un plan para enmendar la separación de familias, la cual, dijo, “es responsabilidad 100 por ciento del gobierno”.

De acuerdo a la moción presentada en la corte, el grupo estará liderado por el comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert Guadian de Seguridad Nacional (DHS), Dale Eppler del Departamento de Estado (DOS) y el fiscal Scott Stewart de Justicia.

“Este plan refleja un esfuerzo significativo interinstitucional para identificar y recopilar información que puede ser utilizada por los demandantes para contactar a miembros de la demanda colectiva y conocer sus deseos con respecto a la reunificación”, señalan los abogados del Gobierno en el documento.

En cuanto al proceso de reunificación de familias migrantes separadas en la frontera sur, tras la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal que emprendió la actual Administración en la Casa Blanca, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) informaron que a la fecha 1.992 niños han sido devueltos a sus padres o a tutores.

Otros 559 continúan clasificados como no elegibles para una reunificación inmediata.

El escrito revela que el Gobierno estadounidense aún tiene bajo su cuidado a 386 niños cuyos padres ya no se encuentran en el país, de los cuales la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) ha tenido contacto con los progenitores de 360 menores (299 en los últimos siete días).

Sobre los restantes 26, el Gobierno desconoce el paradero de sus padres.

Asimismo, un grupo de 51 padres fue liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y hasta el momento no se ha logrado tener contacto con ellos, según el informe.

Para este último grupo, el Gobierno plantea un proceso similar a los grupos que fueron reunificados por orden de la corte. Una vez que sean contactados por autoridades federales se investigarán sus antecedentes y, de no encontrarse factores de riesgo, se procederá a un “proceso expedito para reunificación”.

El gobierno precisó que cubriría con los gastos de traslado que esto conlleve.

Sobre las reunificaciones pendientes en las que los padres están fuera del país el Gobierno no ha revelado cual será su estrategia, aunque en la moción de este jueves dijo que se encuentra en la última etapa de elaboración y será presentado “en breve”, sin especificar una fecha.

La administración volvió a insinuar que requerirá el apoyo de asociaciones civiles y de la propia Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la organización que interpuso una demanda colectiva a nombre de familias que fueron separadas en la frontera con México.

Por su parte, ACLU corroboró que ha designado un comité para coordinar la tarea de localización de padres que fueron repatriados, liderado por la firma legal Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y apoyado por grupos no lucrativos como KIND (Kids in Need of Defense), Justice in Motion y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC).

Tras la ubicación de los padres deportados, este comité confirmará el interés por hacer valer su derecho de reunificación y, de ser así, hacerlo saber tanto a la corte como al Gobierno.

En un escrito también entregado a la corte este jueves, ACLU dice que ya recibió de la administración la lista de los padres que fueron expulsados del país, así como algunos números de contacto familiares que podrían dar información sobre su paradero.

Dicho organismo dice tener conocimiento de niños que han aceptado su salida voluntaria del país para regresar con sus padres, por lo que han solicitado al gobierno que se entregue la relación de estos casos para su respectivo vigilancia.

También, insistió en que el Gobierno federal agilice el proceso en los casos que el menor y el padre se declaran listos para la reunificación.

Ambas partes regresaran el viernes a la corte para explicar sus avances ante el juez federal Dana Sabraw, que ve la demanda interpuesta por ACLU.

Fuente:DLA.

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(Miaminews24).-Una juez federal determinó que en el Centro de Tratamiento Shiloh, ubicado en Texas, funcionarios federales estadounidenses han estado dando medicamentos psicotrópicos a menores migrantes sin el consentimiento de sus padres o tutores, en violación de las leyes estatales sobre bienestar infantil.

En Los Ángeles, la juez federal de distrito Dolly Gee ordenó a la administración Trump obtener consentimiento u orden judicial antes de dar alguna medicina psicotrópica a los menores migrantes, excepto en caso de emergencias extremas. Gee ordenó asimismo que el Gobierno saque a todos los menores del recinto texano, el Centro de Tratamiento Residencial Shiloh de Manvel, excepto en el caso de los menores a quienes un profesional con licencia determine presenten “riesgo de daños” a sí mismos u otras personas, según publica el diario El Paso de México.

Empleados del Shiloh admitieron haber aprobado en lugar de algún padre, pariente o tutor los fármacos, de acuerdo con el fallo de Gee. Según el reporte publicado, funcionarios gubernamentales defendieron la práctica, señalando haber proporcionado los medicamente únicamente “basándose en emergencias” cuando se volvieron peligrosos los “síntomas extremadamente psiquiátricos” de un menor.

La juez no aceptó dicha explicación, mencionando testimonios de niños que dijeron que se les daban pastillas “todas las mañanas y todas las noches”. Los empleados no pudieron haberles administrado a los menores medicinas a diario por emergencias, escribió Gee.

En documentos procesales, los menores atestiguaron que en ocasiones el personal de la Oficina para Reubicación de Refugiados no les decía qué medicamentos les estaban dando ni la razón. Recordaron sentir efectos secundarios como náuseas, mareos, depresión y aumento de peso. Varios reportaron que se les inyectaron fármacos a la fuerza, mientras que otros dijeron haber creído que rechazar las medicinas hubiera provocado que los detuvieran por más tiempo.

El Centro de Tratamiento Residencial Shiloh, determinó la juez, violó el acuerdo que hace largo tiempo impuso estándares estrictos en la detención de menores inmigrantes, incluyendo los que cruzaron sin compañía la frontera y los que fueron separados de sus padres.

La parte demandante a nombre de los menores inmigrantes mostró que Shiloh violó dicho estándar en parte debido a tratarse de un centro de acceso cerrado con vigilancia y monitoreo las 24 horas del día y que incurre en prácticas que “no necesariamente son para la protección de los menores o de otras personas”, escribió la juez. Shiloh es uno de los numerosos albergues que la Oficina para Reubicación de Refugiados contrató a fin de resguardar a los menores inmigrantes.

FUENTE: DLA

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(miaminews24).-Una pareja que recreó en su fachada una obra de Vincent Van Gogh para ayudar a orientar a su hijo autista ganó una batalla de casi un año con la Alcaldía de Mount Dora (Florida), que ahora deberá ofrecerles disculpas públicas tras cobrarle multas por cada día que mantuvieran la pintura.

El Concejo de esa ciudad del centro de Florida, conocida por el fomento a las artes, votó hoy por unanimidad aceptar un acuerdo de mediación con Nancy Nemhauser y Lubek Jastrzebsk, que llevaron el caso a Cortes federales tras el fallo a favor de la Alcaldía de un juez regional.

Ambos, que recibirán una indemnización de 15.000 dólares, señalaron que ha sido un año muy difícil y que merecían una disculpa pública.

La pareja podrá mantener tanto en la fachada como en el muro que cerca la vivienda una pintura que semeja el cuadro “Starry Night” (Noche estrellada), de Van Gogh, que encomendaron al artista local Richard Barrenechea.

El propósito de la pintura es que su hijo, de 25 años, que padece autismo y ama esa pintura, pueda decirle a alguien que vive en la casa pintada de Van Gogh en caso de perderse.

Las autoridades de Mount Dora, primero consideraron que la pintura viola la normas del grafiti y después señalaron que era “una señal ilegal” por lo que cobraron a la pareja una multa diaria de 100 dólares por cada día que mantuvieran la pintura y que tuvo un tope a los 31 días en medio del litigio.

El caso, que logró reconocimiento nacional, ha llevado turistas a Mount Dora, una ciudad situada unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de Orlando.

“Es increíble y lo más importante es que el pueblo va a poder mantener el mural, esta gran atracción”, manifestó Barrenechea este lunes, cuando ya anticipaban una victoria tras el acuerdo de mediación entre la pareja y la Alcaldía.

Las disculpas públicas serán ofrecidas a la familia este miércoles

Fuente:DLA

VARIEDADES

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(Miaminews24).-Presentados al público como si se tratara de una escena de combate, los esqueletos de dos dinosaurios adversarios, un Allosaurus y un Camptosaurus, se...