(Miaminews24).- El gobernador Rick Scott enfrenta una creciente presión por parte de los superintendentes escolares, los sindicatos de maestros y los grupos de padres para que vete el financiamiento básico de $23,700 millones a las escuelas públicas de los niveles K-12 el próximo año, así como un controversial proyecto de ley de educación de $419 millones, el cual los legisladores presentaron y aprobaron en un plazo de apenas tres días al final de su temporada anual de sesiones legislativas.
Sólo el rechazo del fondo principal de educación obligaría a los legisladores a regresar a Tallahassee para una temporada especial de sesiones legislativas para rehacer esa parte del presupuesto, que es casi un tercio de los $82,400 millones en gastos generales del estado aprobado para el año fiscal 2017-18.
Scott no ha dicho aún qué medida tomaría con relación al presupuesto mismo o con relación a HB 7069, el abarcador proyecto de ley de 278 páginas de reformas a los grados K-12 que se negoció en secreto en los días finales de la temporada de sesiones legislativas. El mismo incluye incentivos controversiales para las escuelas chárter, $234 millones en bonos para los mejores maestros y directores de escuela, y una amalgama de otros cambios de política, tales como obligar a los distritos a compartir con las escuelas chárter, administradas por particulares, millones de dólares en ingresos por concepto de impuestos locales separados para proyectos capitales.
El superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, dio el lunes una posible indicación de lo que piensa el gobernador a su salida de una reunión a puertas cerradas con Scott en Trump National Doral.
“El gobernador y yo estamos de acuerdo en una cosa: aquí hay en juego una crisis artificial que pone en tela de juicio los valores del estado de Florida”, dijo Carvalho. “Con un superávit de ingresos de $3,000 millones al principio de la temporada de sesiones legislativas, el haber acabado con el aumento más bajo en la historia de los fondos generales [para la educación de los grados K-12]… eso podría muy bien definir al estado: lo que defendemos, y lo que valoramos”.
Críticos como Carvalho y el superintendente escolar del Condado Broward, Robert Runcie, afirman que el mezquino aumento en los fondos escolares por parte de la Legislatura — $24.49 adicionales por estudiante, o sea, un aumento del 0.34 por ciento con relación a este año fiscal — es insuficiente y causará una reducción neta en los fondos que los distritos usan para el funcionamiento de sus escuelas. Algunos condados perderían millones de dólares en comparación con el nivel de fondos del presente año.
Karla Hernández-Mats, presidenta del sindicato Maestros Unidos de Dade, dijo que el “presupuesto de educación de nivel miserable” que los legisladores aprobaron “descuida a los mismos muchachos a cuyo servicio están obligados”. “Esto tendrá un efecto corrosivo en las escuelas públicas de nuestros vecindarios. El estado cuenta con los ingresos; sólo tienen que invertirlos en nuestros muchachos”, dijo.
La creciente ola de oposición comenzó antes de que la Legislatura aprobara su paquete de presupuesto el 8 de mayo, y continúa aumentando desde entonces. Gran parte de la indignación está dirigida específicamente a HB 7069.
“Los detalles de este proyecto de ley afectan sustancialmente a las escuelas públicas, a nuestros estudiantes, a los maestros y a nuestra comunidad”, dijo Runcie. “Creo que lo correcto para el gobernador es vetar este proyecto de ley”.
Runcie dijo que HB 7069 es “nuestra mayor preocupación”, más aún que los fondos mismos para los grados K-12, porque a diferencia de los gastos anuales, los cuales se estudian de nuevo cada año, el proyecto de ley “hace cambios estructurales a la educación pública que son más permanentes”.
“Esto sólo se aprobó por un voto”, agregó Runcie, haciendo notar el estrecho margen de su aprobación en el Senado. “Esto no es un llamado a la acción en apoyo de este proyecto de ley. Esta es una clara indicación de que aquí anda algo mal, no sólo con el proceso legislativo sino con el contenido del proyecto de ley”.
La oficina de Scott afirma que él está “pasando revista” a HB 7069. El no tiene todavía el presupuesto principal o el proyecto de ley HB 7069 en su escritorio. Una vez que la Legislatura le envíe estos y otros proyectos de ley del presupuesto, él tiene 15 días para actuar. El puede vetar porciones seleccionadas del presupuesto principal según decida, pero solamente puede aceptar o rechazar por completo los proyectos de ley, como es el caso del HB 7069.
Fuente: El Nuevo Herald
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