(MiamiNews24).-El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) demandó este miércoles la liberación de más de 600 «presos políticos» que enfrentan diversos procesos judiciales en Nicaragua, acusados principalmente de terrorismo, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril pasado.
Ese colectivo informó que su Comité Ejecutivo Nacional aprobó una resolución en la que por unanimidad demandan al Gobierno de Ortega «la libertad de todos los presos políticos que alzaron la bandera Azul y Blanco para exigir justicia y libertad en Nicaragua».
Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuentan 674 «presos políticos», además de entre 325 y 545 muertos, así como cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, desde el estallido social de abril pasado.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 detenidos, a los que considera «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
«Es un clamor nacional que en esta Navidad todo los presos políticos salgan libre, porque su único delito fue soñar con una patria libre a través de elecciones nacionales justas y transparentes. Esperamos que Ortega sea sensato y escuche este clamor del pueblo», dijo Betsaida Guzmán, miembro de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, que participó en el encuentro con la directiva de Ciudadanos por la Libertad.
Ese partido opositor también consideró urgente la «necesidad de instaurar un diálogo nacional para buscar una salida a la grave crisis política que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril, donde perdieron la vida más de 350 personas», según su presidenta, Kitty Monterrey.
Monterrey advirtió que si Ortega no accede a un diálogo nacional Nicaragua podría regresar a la década de los años 80 del siglo pasado «donde la economía colapsó y muchos nicaragüenses se vieron obligados a abandonar el país», en medio de una guerra civil.
El diálogo nacional para superar la crisis fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos» en el marco de la crisis, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
fuente:DLA.