Una corte federal de apelaciones le dio este lunes otro triunfo legal a la administración Trump en su empeño por implementar la regla de “carga pública” contra inmigrantes que hayan recibido ayudas federales. Aunque la propuesta se enfrenta a otros periplos legales, esta victoria parcial supone un gran avance para el gobierno.
El tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito suspendió una orden judicial de una corte inferior que impedía a Donald Trump someter el estatus legal de los migrantes al uso de los servicios públicos. Dos de los tres jueces del panel de este tribunal con sede en Richmont, Virginia, falló a favor del gobierno.
La decisión judicial de este lunes echó abajo una orden que tomó la semana pasada el Circuito Noveno, con sede en San Francisco. Sin embargo, a pesar de este triunfo parcial, la ley no se puede aplicar inmediatamente ya que se enfrenta a otra orden de un juez de distrito de Nueva York, que tiene efecto en todo el país. Otra orden del distrito del norte de Illinois que impide que la regla de “carga pública” se aplique en el estado también ha sido apelada.
La Casa Blanca celebró el fallo de los jueces de Virginia pero lamentó que no tuviera efecto inmediato. La secretaria de prensa del gobierno, Stephanie Grisham, dijo que se trata de “un gran paso adelante para el estado de derecho”.
Desde el servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) aplaudieron “las recientes decisiones judiciales que son signos positivos de que es posible la regla de inadmisibilidad en base a un fundamento de carga pública”.
¿En qué consiste la polémica regla?
La llamada regla de “carga pública” es una de las medidas que la administración ha tomado para limitar la inmigración documentada. Un inmigrante será considerado “carga pública” si recibe al menos una ayuda gubernamental durante más de 12 meses en cualquier periodo de tres años. Estos servicios públicos pueden ser Medicaid, cupones para alimentos, asistencia social o vales de vivienda pública.
Para los inmigrantes recogidos dentro de esta definición de “carga pública” será más difícil obtener la green card o la residencia permanente. USCIS defiende que el objetivo del gobierno con esta medida es no admitir en el país a quien pueda “convertirse en una carga pública en el futuro”.
Fuente:La Opinion