El centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami, deberá ser desmantelado en un plazo máximo de 60 días, según lo dictaminó este jueves la jueza federal Kathleen Williams. La decisión también impide que ingresen nuevos migrantes al lugar.
La orden judicial surge tras una demanda presentada por organizaciones ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes denunciaron que el campamento se construyó en medio de un área protegida de los Everglades, poniendo en riesgo tanto el ecosistema como el suministro de agua del que dependen comunidades locales.
En su fallo, Williams sostuvo que el proyecto “provoca un daño irreparable”, ya que contribuye a la pérdida de hábitats naturales y aumenta la mortalidad de especies en peligro de extinción. La jueza también concluyó que los gobiernos estatal y federal incumplieron la legislación que exige una revisión ambiental previa a obras de gran envergadura.
Medidas inmediatas
El mandato prohíbe trasladar nuevos detenidos al centro y bloquea cualquier ampliación de su infraestructura. Una vez cumplido el plazo de 60 días, las autoridades deberán retirar las cercas, desmontar las luces industriales y desinstalar los sistemas de gas, desechos y drenaje instalados en la zona, con el fin de devolver el acceso a la comunidad Miccosukee.
Con esta decisión, el tribunal confirmó en la práctica el cierre de la instalación, que había sido impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El campamento abrió el pasado 3 de julio en un antiguo aeropuerto abandonado, con remolques de la FEMA y grandes carpas rodeadas por un perímetro de seguridad.
Controversia política y legal
En su momento, DeSantis defendió la apertura del centro como una medida temporal para aliviar la presión sobre cárceles y agencias policiales del estado, que, aseguró, enfrentaban un repunte en la llegada de inmigrantes.
El proyecto también recibió la visita del presidente Donald Trump, poco antes de entrar en operaciones, como parte de los esfuerzos de su administración para endurecer las políticas migratorias en Florida.
La instalación enfrenta además una segunda demanda federal relacionada con el acceso a representación legal para los detenidos. DeSantis ha adelantado que su administración apelará cualquier fallo adverso.
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