El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de dos hombres de Florida acusados de orquestar un sofisticado esquema de fraude contra el programa federal Medicare, con el cual habrían presentado reclamaciones falsas por un monto cercano a los 34,8 millones de dólares.
Los acusados fueron identificados como Kenneth Charles Kessler III, de 42 años y residente en el condado Miami-Dade, y Michael Andrew Gómez, también de 42 años, domiciliado en el condado Broward. Ambos enfrentan múltiples cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude de salud y electrónico, fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y pago de sobornos en relación con programas federales. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 65 años de prisión cada uno.
Un entramado de compañías fraudulentas
De acuerdo con la acusación, Kessler y Gómez operaban un esquema basado en siete compañías de suministro de equipos médicos establecidas en Florida. A través de estas empresas, pagaban sobornos a compañías de mercadeo que, mediante campañas de telemercadeo engañosas, recolectaban los datos personales de miles de beneficiarios de Medicare.
Con la participación de supuestas compañías de telemedicina, se generaban órdenes médicas fraudulentas para justificar el suministro de equipos innecesarios, como férulas ortopédicas y monitores de glucosa. Estas órdenes falsas eran utilizadas luego para presentar reclamaciones ilegítimas al Medicare, con lo que desviaban fondos públicos destinados a la atención médica de los pacientes.
Declaraciones oficiales
“El dinero provenía de los contribuyentes y estaba destinado a pacientes necesitados, no a enriquecer a estafadores”, señaló Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, al anunciar los cargos.
Investigación en curso
El caso es investigado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el FBI, mientras que la acusación formal está a cargo de las fiscales Aisha Schafer-Hylton y Owen Dunn, de la Sección de Fraude. Las autoridades recalcaron que este tipo de esquemas representan una amenaza constante para la integridad de los programas federales de salud y afectan directamente la confianza en el sistema.
Contexto nacional
El Departamento de Justicia recordó que, desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 personas en todo el país, responsables de fraudes que superan los 30 mil millones de dólares contra programas federales de salud y aseguradoras privadas.
Con este nuevo caso, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: los intentos de enriquecerse mediante estafas al sistema de salud pública tendrán consecuencias severas.