Jueces del condado ordenaron el desalojo definitivo de las últimas 220 familias del parque de casas móviles Li’l Abner, ubicado en Sweetwater. La decisión judicial, emitida el miércoles, autoriza a la policía a ejecutar la orden en un plazo de 24 horas.
La jueza Diana González-Whyte negó la solicitud de extensión presentada por el abogado David Winker, representante de los residentes. Según la magistrada, se respetaron los derechos procesales y no hubo violación del debido proceso. Otro juez respaldó la decisión, consolidando el desalojo.
“Nos tratan como criminales”: el drama de los residentes
Tras conocer el fallo, los afectados expresaron su desesperación. María González, residente durante 24 años, declaró: “Estaré en la calle. No tengo a dónde ir”. Carlos Pérez, otro vecino, denunció el trato recibido: “Nos echan como si fuéramos los peores seres humanos del mundo”.
Muchos viven sin electricidad ni agua. “No podemos cocinar, y ahora toca correr a buscar un sitio para vivir”, dijo otro residente, visiblemente afectado.
David Winker anunció que apelará la decisión judicial. Asegura que hubo caos en los procedimientos y que no todos los residentes recibieron notificaciones adecuadas. “La gente me dijo: ‘Siento que nos tratan como criminales’”, afirmó.
Megaproyecto urbanístico avanza sobre el terreno
El conflicto comenzó en noviembre de 2024, cuando CREI Holdings notificó a los casi 5.000 residentes sobre sus planes de reurbanización. Aunque ofreció compensaciones económicas, más de 200 familias las rechazaron por considerarlas insuficientes.
En el terreno se construye Li’l Abner III, un edificio de ocho pisos con 328 apartamentos y una inversión de 83 millones de dólares. También se proyectan viviendas asequibles, escuela, centro médico y comunitario.
Las demoliciones continúan, aunque no sin complicaciones: el hallazgo de asbesto en los escombros generó una multa de más de 108.000 dólares para los propietarios.
Con información de DLA