La Fiscalía de Perú anunció este jueves que inició investigaciones urgentes por la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta realizada el 15 de octubre en Lima, en el contexto de lo que calificó como “graves violaciones a los derechos humanos”. La movilización, una de las más grandes en años, fue convocada contra el Gobierno y el Congreso por la crisis de corrupción e inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
La víctima, identificada como Eduardo Ruiz, de 32 años, recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Cercado de Lima, cuando la protesta estaba por finalizar. La Defensoría del Pueblo confirmó su fallecimiento y reportó más de cien heridos: 78 policías, 24 manifestantes y al menos diez detenidosDW US (Spanish) | MSN.
Testigos afirman que el disparo fue ejecutado por un agente policial encubierto que se encontraba infiltrado entre los manifestantes. Según estas versiones, el agente fue descubierto por un grupo de participantes y, en su huida, abrió fuego contra quienes lo perseguían.
Reacciones del Gobierno
El presidente interino José Jerí expresó sus condolencias y pidió que “las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la presencia de personal encubierto en la zona y aseguró que se ha dispuesto una investigación “hasta las últimas consecuencias”.
La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió el caso y ordenó el levantamiento del cadáver, así como la recolección de evidencia audiovisual y balística en el área del incidente.
La manifestación del miércoles tuvo réplicas en varias ciudades del país y se considera la más grande desde las protestas de 2022 y 2023, que dejaron al menos 49 civiles muertos tras la llegada al poder de Dina Boluarte, luego del encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado.
La movilización fue protagonizada por estudiantes, sindicatos y colectivos civiles, y se enmarca en un clima de creciente malestar social por el aumento de la delincuencia, la crisis económica y los escándalos de corrupción que involucran a figuras del Congreso y el Ejecutivo.