Río de Janeiro vivió este martes una jornada de violencia extrema tras el despliegue de 2.500 agentes en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca. La operación, bautizada como “Contención”, tenía como objetivo capturar al capo regional “Doca” y desmantelar una red de narcotráfico, armas y lavado de dinero vinculada al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
Desde la madrugada, helicópteros, drones y vehículos blindados irrumpieron en las zonas, bloqueando avenidas estratégicas y rompiendo barricadas. La policía incautó 42 fusiles de alto calibre y desplegó diez vehículos de demolición para abrir paso por rutas obstruidas.
El saldo oficial al cierre del día fue de 64 muertos, incluidos cuatro agentes, y 81 detenidos. Las autoridades reportaron que los enfrentamientos incluyeron el uso de granadas lanzadas desde drones insurgentes, y que más de 200.000 personas se vieron afectadas por la interrupción de servicios públicos. 45 escuelas suspendieron clases y doce líneas de buses fueron desviadas.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la acción como una “guerra” y denunció que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces su pedido de apoyo con blindados. “Río está sola en este enfrentamiento”, afirmó, señalando que el narcotráfico opera con armas provenientes de redes internacionales.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, han alertado sobre el riesgo de abusos en este tipo de intervenciones. En septiembre de 2025, HRW denunció un proyecto de ley que incentivaría económicamente a policías que disparen a sospechosos, lo que podría fomentar ejecuciones extrajudiciales. Investigaciones previas ya han documentado manipulación de escenas por parte de agentes para encubrir responsabilidades.
Con información de Infobae