Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos respaldó este jueves la aplicación de la Ley SB 264, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que restringe la compra de propiedades por parte de ciudadanos de varios países considerados “adversarios extranjeros”. El fallo, emitido por el Undécimo Circuito de Apelaciones, revierte las demandas de organizaciones civiles que denunciaban la norma como discriminatoria y marca un precedente en la política de control de inversiones extranjeras en el estado.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno y celebrada por el gobierno estatal como una victoria legal. “Hoy ganamos en grande… defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista Chino”, declaró el fiscal general James Uthmeier.
¿Qué establece la ley?
La SB 264, aprobada en 2023, prohíbe que ciudadanos chinos compren propiedades a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares críticas. También impone restricciones a residentes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, aunque con condiciones más flexibles.
El fallo judicial aclara que hay excepciones: personas con visados distintos al de turista o solicitantes de asilo pueden adquirir una única propiedad residencial de hasta 8.000 metros cuadrados, siempre que esté ubicada a más de ocho kilómetros de una base militar.
Reacciones y críticas
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA) denunciaron que la ley revive prácticas de exclusión basadas en el origen nacional. “Explícitamente discrimina contra los inmigrantes chinos”, afirmó el abogado Clay Zhu. La abogada Ashley Gorski, de ACLU, sostuvo que “todas las personas deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación”.
El juez Charles Wilson, en su voto disidente, comparó la SB 264 con las “alien land laws” del siglo pasado, que prohibían a inmigrantes asiáticos poseer tierras en EE. UU. También cuestionó que la regulación de inversiones extranjeras corresponde al gobierno federal, no a los estados.
Impacto económico y político
La decisión llega en un momento clave para el mercado inmobiliario de Florida, que concentra cerca del 20 % de las transacciones de vivienda realizadas por compradores extranjeros, según datos de Miami Realtors. Analistas advierten que la ley podría desacelerar el crecimiento en zonas donde la inversión internacional sostiene gran parte del desarrollo urbano.
El gobernador DeSantis justificó la medida como una acción para “proteger la soberanía” de Florida frente a la influencia de gobiernos adversarios. Sus defensores aseguran que refuerza la seguridad estatal, mientras que los críticos temen que alimente un clima de exclusión hacia comunidades inmigrantes, especialmente asiáticas.