Un gran jurado federal en Miami presentó una acusación formal contra la congresista Sheila Cherfilus-McCormick y varios coacusados, señalados de presuntamente robar fondos federales destinados a desastres, lavar el dinero y utilizarlo para financiar su campaña al Congreso en 2021.
De acuerdo con las autoridades, Cherfilus-McCormick, de 46 años, y su hermano Edwin Cherfilus, de 51, ambos residentes de Miramar, operaron a través de su empresa familiar de atención médica en un contrato de personal para la vacunación contra el COVID-19 financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). En julio de ese año, la compañía recibió un pago indebido de cinco millones de dólares.
La acusación sostiene que los implicados conspiraron para apropiarse de esos fondos y los canalizaron mediante múltiples cuentas con el fin de ocultar su origen. Los fiscales afirman que una parte sustancial del dinero malversado se destinó a contribuciones para la campaña de Cherfilus-McCormick y al beneficio personal de los acusados.
Asimismo, la congresista y Nadege Leblanc, de 46 años y también residente de Miramar, habrían gestionado aportes adicionales a través de testaferros, canalizando recursos del contrato de FEMA hacia amigos y familiares, quienes luego donaron a la campaña como si se tratara de fondos propios.
Las autoridades también imputaron al preparador de impuestos de Cherfilus-McCormick en 2021, David K. Spencer, de 41 años y residente de Davie, acusado de conspiración para presentar una declaración de impuestos federales falsa. Según los documentos, se habrían declarado de manera fraudulenta gastos políticos y personales como deducciones comerciales, además de inflar donaciones caritativas para reducir obligaciones tributarias.
De ser hallada culpable, Cherfilus-McCormick enfrenta hasta 53 años de prisión. Edwin Cherfilus podría recibir hasta 35 años, Leblanc hasta 10 años y Spencer hasta 33 años.
“Utilizar fondos de ayuda para desastres para el enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”, declaró la fiscal general Pamela Bondi. “Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal. Seguiremos los hechos de este caso y se hará justicia”.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Reding Quiñones, el agente especial a cargo Brett D. Skiles, de la oficina del FBI en Miami, y el agente especial Ronald A. Loecker, de la División de Investigación Criminal del IRS en Florida.
“El dinero público pertenece al pueblo estadounidense. Cuando los fondos de FEMA se desvían para beneficio personal o político, se erosiona la confianza y nos perjudica a todos”, señaló Quiñones.
El caso es investigado por el FBI de Miami y la División de Investigación Criminal del IRS en Florida.
Cabe recordar que una acusación formal es únicamente una imputación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.
Con información de Telemundo51