La Junta Directiva del Miami Dade College retomó este martes la votación para ceder terrenos en el downtown de la ciudad destinados a la futura biblioteca presidencial de Donald Trump, en medio de cuestionamientos legales por falta de transparencia.
Aunque la institución anunció que la reunión sería una “segunda oportunidad” para que la comunidad se dirigiera a los fideicomisarios, el encuentro no fue considerado una audiencia pública formal bajo las normas del propio colegio. En consecuencia, los ciudadanos interesados debieron solicitar autorización previa mediante correo electrónico para intervenir, lo que generó críticas de quienes consideran que se limita la participación.
Críticas por falta de apertura
El comentarista John Ise señaló que la convocatoria, realizada tras un fin de semana festivo, “indica que el MDC simplemente quiere limitar la participación del público”. Otro ciudadano, William Quinlan, lamentó que la reunión no se transmitiera en directo, como ocurre con las sesiones regulares: “Es decepcionante ver que la Junta no se ha tomado en serio su rechazo judicial y que no está cumpliendo con el espíritu de las leyes de transparencia pública”, expresó.
La reunión se celebró en el campus de Hialeah, en la sala de conferencias 5101. La universidad no respondió a las preguntas del Miami Herald sobre qué tipo de encuentro se considera audiencia pública según sus normas.
Contexto legal
La nueva votación se produce mientras avanza una demanda presentada por el historiador Marvin Dunn, quien acusa al Miami Dade College de violar la Ley Sunshine de Florida en la primera votación realizada en septiembre. En esa ocasión, la junta aprobó la cesión sin anunciar públicamente qué terreno se entregaba ni con qué propósito.
Una jueza del Tribunal de Circuito de Miami-Dade determinó que Dunn tiene “probabilidades sustanciales de éxito” en su caso y fijó el juicio para agosto de 2026. Además, ordenó que el terreno no sea transferido mientras el proceso esté en curso.
Cesión sin concesiones
El plan contempla entregar 2,6 acres en Biscayne Boulevard a la fundación de la biblioteca presidencial de Trump sin costo y con pocas restricciones. Ni la universidad ni la fundación han presentado compromisos financieros o concesiones específicas, pese a que la junta había solicitado propuestas de desarrollo para esa propiedad.
El presidente de la junta, Michael Bileca, reconoció que el proceso podría prolongarse un año entero, pero insistió en que la votación se mantendrá: “Podríamos convocar una reunión y votarlo como junta”, dijo. Dunn, por su parte, aseguró que continuará la batalla legal: “Incluso si rehacen la cesión de tierras, igualmente violaron la ley en su primer intento y los haremos responsables por ello”.
Con información de El Nuevo Herald