El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vetó este jueves un proyecto de ley aprobado por el Congreso que habría reducido drásticamente la pena de 27 años de cárcel impuesta al exmandatario Jair Bolsonaro por su participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
La iniciativa, impulsada en diciembre de 2025 por un parlamento de mayoría conservadora, abría la puerta a que la condena de Bolsonaro se redujera a poco más de dos años de prisión, lo que en la práctica podría haber significado su liberación anticipada.
Contexto del veto
Lula firmó el veto durante una ceremonia oficial conmemorativa del tercer aniversario de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y vandalizaron las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto en Brasilia.
El mandatario subrayó que la medida legislativa “contradice el principio de responsabilidad democrática” y recordó que el país aún enfrenta las consecuencias de aquel ataque, considerado el mayor desafío institucional desde el fin de la dictadura militar en 1985.
Fue aprobado en diciembre de 2025 por la Cámara de Diputados y el Senado, dominados por fuerzas conservadoras y bolsonaristas. Establecía una reducción de penas para delitos de “sedición política” y “atentados contra el orden institucional”, bajo el argumento de que las condenas actuales eran “desproporcionadas”.
De haberse promulgado, Bolsonaro habría visto su sentencia reducida a poco más de dos años, con posibilidad de cumplirla en régimen abierto o incluso con medidas alternativas.
- Aliados de Bolsonaro calificaron el veto como “persecución política” y anunciaron que buscarán revertirlo en el Congreso.
- Partidos progresistas y movimientos sociales celebraron la decisión de Lula, señalando que garantiza que los responsables del intento de golpe rindan cuentas ante la justicia.
- Juristas del Supremo Tribunal Federal recordaron que el 8 de enero de 2023 fue un ataque directo contra la democracia y que cualquier flexibilización de las penas pondría en riesgo la credibilidad institucional.
El veto refuerza la narrativa de Lula como defensor de la democracia frente al bolsonarismo, en un momento en que Brasil se prepara para las elecciones municipales de 2026. También marca un pulso entre el Ejecutivo y un Congreso de mayoría conservadora, que podría intentar revertir la decisión con una nueva votación.