En un movimiento estratégico para aislar económicamente a Teherán, el presidente Donald Trump anunció la imposición inminente de un arancel del 25% a cualquier país que mantenga vínculos comerciales con la República Islámica. Esta medida, que afectaría directamente las actividades en Estados Unidos de naciones como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, busca «apretar las clavijas» al régimen iraní en un momento de máxima inestabilidad interna tras dos semanas de protestas masivas.
La advertencia de la Casa Blanca surge como respuesta a la violenta represión de las manifestaciones en Irán, que según organizaciones como Iran Human Rights (IHR) han dejado un saldo verificado de 648 muertos y más de 10,000 detenidos. Si bien las protestas se originaron por el aumento del costo de vida, rápidamente evolucionaron hacia un movimiento contra el sistema teocrático vigente desde 1979. A pesar de que el gobierno iraní asegura haber recuperado el control, el bloqueo casi total de internet —impuesto desde el 8 de enero— ha sido denunciado por la comunidad internacional como un intento de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.
La reacción global no se ha hecho esperar. China, el principal socio comercial de Irán, advirtió que protegerá sus intereses y recordó que «no hay ganadores en una guerra arancelaria». Por su parte, la administración Trump ha aclarado que, aunque la prioridad actual es la presión diplomática y económica, no descarta una intervención militar. Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió que el país está preparado «para cualquier eventualidad», justificando el corte de comunicaciones como una medida contra supuestas «operaciones terroristas» dirigidas desde el exterior.
Con esta nueva ofensiva arancelaria, Estados Unidos eleva el costo de mantener relaciones con Irán a un nivel sin precedentes, obligando a las potencias mundiales a elegir entre el mercado estadounidense o su continuidad comercial con el régimen de los ayatolás. La medida añade una presión asfixiante sobre una economía iraní ya debilitada, mientras las organizaciones de derechos humanos alertan sobre la posibilidad de que la cifra real de víctimas en las calles de Irán sea significativamente mayor a la reportada oficialmente.