El modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha cruzado fronteras para convertirse en el eje central de la política costarricense tras la colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO). Durante un acto oficial en Alajuela, junto a su homólogo Rodrigo Chaves, Bukele inauguró las obras de esta infraestructura penitenciaria que, con una inversión de 35 millones de dólares y capacidad para 5,000 internos, busca replicar el diseño y la operatividad del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño. Esta colaboración técnica directa entre ambos gobiernos ocurre en un momento de creciente preocupación por la inseguridad ligada al narcotráfico en Costa Rica, país que históricamente ha sido un referente de estabilidad y respeto a los derechos humanos en la región.
La presencia de Bukele en territorio costarricense ha provocado un intenso agite en la campaña electoral de cara a los comicios del 1 de febrero. La oposición ha denunciado lo que considera una intervención extranjera destinada a apuntalar la candidatura oficialista de Laura Fernández, quien lidera las encuestas bajo una plataforma de «mano dura».
Fernández, exministra de la administración Chaves, ha prometido declarar estados de excepción en zonas críticas y reformar el sistema judicial para eliminar los obstáculos que, según el Ejecutivo, impiden una lucha frontal contra el crimen organizado. Por su parte, el presidente Chaves ha defendido la implementación de legislaciones inspiradas en el modelo salvadoreño, calificando de necesario el otorgamiento de mayores facultades al Gobierno para garantizar el orden público.
A pesar del entusiasmo oficialista y la popularidad que este enfoque despierta en sectores de la población afectados por la criminalidad, la iniciativa enfrenta severas críticas por parte de organismos de derechos humanos y el Tribunal Supremo de Elecciones. Los detractores advierten sobre el riesgo de replicar un sistema que, según diversas denuncias internacionales, ha derivado en miles de detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso en El Salvador.
No obstante, Bukele ha rechazado estos cuestionamientos, instando a las autoridades locales a mantener la unidad política detrás del plan de seguridad. La exportación del modelo penitenciario de Bukele no solo redefine la estrategia criminal de Costa Rica, sino que pone a prueba la solidez de sus instituciones democráticas frente a una tendencia regional hacia el autoritarismo de seguridad.