El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este jueves al complejo penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde cumplirá su condena por intento de golpe de Estado. La decisión, firmada por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, asegura que el líder ultraderechista permanecerá en condiciones “más favorables” que las que tenía en la sede de la Policía Federal.
Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, Bolsonaro, de 70 años y con problemas de salud, había solicitado prisión domiciliaria “humanitaria”. El pedido fue rechazado, aunque el juez autorizó una nueva evaluación médica.
Privilegios en la reclusión
El tribunal informó que Bolsonaro ya se encuentra en la “Papudinha”, un área reservada dentro del complejo penitenciario. Allí contará con un espacio exclusivo —habitualmente destinado a cuatro internos— equipado con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada. Además, podrá recibir visitas con mayor frecuencia, ejercitarse en cualquier momento y utilizar una cinta de correr y una bicicleta, siguiendo recomendaciones médicas.
Moraes defendió la medida, subrayando que el ex mandatario ya gozaba de “condiciones absolutamente excepcionales y privilegiadas” durante su estancia en la sede policial, donde incluso tenía acceso a servicios negados al resto de los presos.
Críticas familiares
La decisión generó rechazo en el entorno de Bolsonaro. Su hijo Carlos calificó el traslado como una “tamaña maldad” y denunció que se trata de un “ambiente carcelario severo”. La familia y los aliados del ex presidente han intensificado en las últimas semanas una campaña para cuestionar las condiciones de su reclusión y exigir prisión domiciliaria por motivos de salud.
Bolsonaro, que aún sufre secuelas del ataque con arma blanca de 2018, fue hospitalizado en diciembre para una cirugía de hernia inguinal y recibió atención médica tras una caída en prisión que no le provocó lesiones graves.
Inhabilitado para ocupar cargos públicos, Bolsonaro insiste en que es víctima de “persecución política” y niega haber intentado un golpe de Estado. Según la legislación vigente, debería permanecer al menos ocho años encarcelado antes de acceder a una flexibilización de la pena. Sin embargo, el Congreso —de mayoría conservadora— aprobó en diciembre una ley que reduciría ese plazo a poco más de dos años. Aunque Lula vetó la norma, los legisladores podrían revertir el veto.
El presidente brasileño, de 80 años, ya dejó entrever su intención de buscar un cuarto mandato en las elecciones de octubre. En ese escenario, el bolsonarismo podría volver a la contienda con Flavio Bolsonaro, senador e hijo mayor del ex mandatario, quien cuenta con el respaldo de su padre desde la prisión para mantener vivo su legado político.