El proceso de ratificación del histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur sufrió este miércoles un inesperado revés legislativo. El Parlamento Europeo votó a favor de paralizar la aprobación del tratado para remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras una iniciativa impulsada por grupos de la izquierda minoritaria.
La decisión se produce apenas cuatro días después de que la Comisión Europea y los líderes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay oficializaran la firma del pacto en Asunción, Paraguay, culminando un proceso de negociación que se extendió por 25 años.
La Comisión busca vías para evitar el retraso
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, reaccionó de inmediato señalando que, aunque la moción parlamentaria es «legítima», se obtuvo con una mayoría «muy ajustada». Ribera adelantó que el Ejecutivo comunitario analizará fórmulas legales para mantener la aplicación provisional del tratado, argumentando que la UE no puede permitirse retrasar políticamente un acuerdo de esta magnitud.
«Vamos a trabajar para que esto no suponga un retraso», afirmó la vicepresidenta, subrayando que la Comisión actuará dentro del marco de sus competencias para salvaguardar la operatividad del pacto.
Desafío al proteccionismo de Donald Trump
El freno parlamentario ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica. La firma del acuerdo el pasado sábado coincidió con una nueva ofensiva arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció gravámenes del 25% a países que participen en maniobras militares en Groenlandia.
Para Bruselas, el tratado con el Mercosur representa mucho más que un intercambio comercial; es una señal estratégica frente a las políticas proteccionistas de la Casa Blanca. Durante la firma, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, fue enfática: «Elegimos el comercio justo sobre los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo sobre el aislamiento».
Un consenso frágil
Pese al impulso de los líderes de los Veintisiete, la tramitación en la Eurocámara enfrenta la resistencia de una pinza política formada por la ultraderecha y sectores de la izquierda radical, además de intereses nacionales —especialmente en el sector agrícola— que han dificultado el consenso histórico.
De ratificarse, el acuerdo crearía la mayor área de libre comercio del mundo, integrando un mercado de casi 800 millones de personas, pero la intervención del TJUE podría dilatar los plazos de implementación de manera indefinida.