En un hecho sin precedentes para la monarquía británica contemporánea, la policía de Thames Valley detuvo este jueves al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como representante oficial del Gobierno. El arresto coincide con el 66 cumpleaños del exduque de York y marca el punto más crítico de su prolongada caída institucional.
La operación policial se desarrolló a primera hora de la mañana en Wood Farm, una residencia ubicada dentro de la finca real de Sandringham, en Norfolk. Según testigos presenciales, al menos ocho agentes de paisano accedieron al recinto alrededor de las 8:00 a.m., retirando equipos informáticos y diversa documentación tras varias horas de registro.
Cargos de mala conducta y uso de información sensible
Aunque el comunicado oficial de la policía de Thames Valley no menciona nombres propios —siguiendo las directrices nacionales del Reino Unido—, confirma la detención de «un hombre de unos sesenta años» bajo sospecha de «mala conducta en un cargo público». El subjefe de policía, Oliver Wright, subrayó que se ha abierto una investigación exhaustiva para proteger la integridad del proceso.
El caso se centra en el periodo entre 2001 y 2011, cuando el príncipe Andrés ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión. Nuevas revelaciones, basadas en millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., sugieren que el príncipe pudo haber compartido información gubernamental confidencial con el financiero Jeffrey Epstein.
Entre los documentos bajo sospecha figuran:
- Informes del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia.
- Comunicaciones del Royal Bank of Scotland.
- Gestión de agendas oficiales en misiones comerciales (incluyendo viajes a China) que habrían contado con la colaboración de Epstein.
Escándalo en el Palacio de Buckingham
La investigación no solo abarca su actividad pública, sino que también profundiza en el uso de recursos privados para fines ilícitos. Los informes apuntan a que el exduque habría utilizado el jet privado de Epstein para trasladar a mujeres jóvenes al Reino Unido, introduciéndolas en el Palacio de Buckingham mediante accesos secundarios y un presunto sistema de códigos cifrados para evadir los controles de seguridad habituales.
Incluso se investigan invitaciones personales de Andrés a Epstein y a ciudadanos extranjeros para cenar en la residencia real en 2010, fecha en la que el financiero ya contaba con una condena previa por delitos sexuales con menores.
Reacciones en el espectro político
La gravedad del asunto ha unido a diversas fuerzas políticas en el Parlamento. El fiscal general, Stephen Parkinson, declaró recientemente a The Sunday Times que «nadie está por encima de la ley», asegurando que su oficina actuará sin favoritismos. Por su parte, líderes de la oposición han calificado de «alarmante» el potencial uso de información sensible del Estado para beneficiar a la red de Epstein.
El príncipe Andrés, quien ya había sido apartado de sus funciones reales y despojado de sus títulos militares en 2022, permanece bajo custodia policial. Este arresto supone un desafío de seguridad y reputación masivo para la Corona británica, que hasta ahora había intentado mantener al príncipe en un perfil bajo tras el acuerdo extrajudicial alcanzado con Virginia Giuffre en EE. UU.