La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional que, en teoría, abre la puerta a la liberación de centenares de personas detenidas por motivos políticos. No obstante, la normativa nace bajo la sombra del escepticismo de organizaciones de derechos humanos, que la califican de «limitada y excluyente».
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez calificó la firma como un «acto de grandeza» destinado a garantizar el encuentro entre venezolanos. Sin embargo, el texto final, compuesto por 13 artículos, dejó fuera las principales objeciones de las oenegés y familiares de las víctimas, quienes esperaban un proceso de justicia más amplio y menos discrecional.
Modificaciones de última hora y exclusiones clave
El debate parlamentario se vio retrasado una semana debido a las huelgas de hambre de los detenidos en centros como la Zona 7. Ante la presión, el Legislativo amplió el alcance de la ley para incluir a personas que aún no han sido presentadas ante tribunales y permitió la representación mediante abogados de confianza para quienes están en el exterior.+1
Pese a estos ajustes, la ley mantiene barreras críticas:
- Condición de activismo: El beneficio se limita a quienes hayan «dejado de ejecutar actos que constituyan delitos». Esto excluye a figuras en el exilio que mantienen su actividad política, como la Nobel de la Paz, María Corina Machado.
- Acciones armadas: La amnistía no ampara a procesados por supuestas conspiraciones o acciones armadas, lo que deja tras las rejas a la mayoría de los militares detenidos durante la gestión de Nicolás Maduro.
- Marco legal represivo: Expertos advierten que la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar permanecen vigentes, lo que mantiene intacto el entorno legal utilizado para la persecución política.
El debate sobre el «perdón» vs. la «justicia»
El carácter de la ley generó un choque retórico en el Parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, insistió en que la medida representa un «perdón» a ciertos delitos, reafirmando la postura oficial de que en Venezuela no existen presos políticos, sino personas que cometieron faltas.
Esta visión ha sido duramente cuestionada por organizaciones como Foro Penal y Provea. Gonzalo Himiob, directivo de Foro Penal, señaló que una amnistía no puede ser considerada un perdón, ya que los sujetos de la ley han sido «arbitrariamente encarcelados por ejercer derechos constitucionales». Los activistas argumentan que lo procedente habría sido un sobreseimiento de las causas, reconociendo la inexistencia de los delitos imputados.
Promesas de revisión
Ante la controversia por el Artículo 8, que restringe el beneficio a eventos específicos, la presidenta Rodríguez comisionó al ministro del Interior, Diosdado Cabello, para revisar con «máxima celeridad» los casos excluidos. Por su parte, Jorge Rodríguez asomó la posibilidad de una reforma parcial de la Ley contra el Odio, reconociendo por primera vez que hubo «situaciones de mala utilización» de dicho instrumento.
Tras la firma del documento, los familiares de los detenidos levantaron las huelgas de hambre, iniciando una tensa espera para ver cuántas boletas de excarcelación se materializan en las próximas horas y si la medida representa un cambio real o una herramienta de negociación política.