En una iniciativa que busca reabrir uno de los episodios más tensos de la relación entre Estados Unidos y Cuba, cuatro congresistas federales de Florida enviaron una carta formal al presidente Donald Trump solicitando que el Departamento de Justicia presente cargos contra Raúl Castro. La petición se centra en su responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles en 1996, un acto que resultó en la muerte de cuatro personas.
Los legisladores Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Nicole Malliotakis sostienen que la actual administración se encuentra en una posición “única” para resolver esta «injusticia de larga data» y proponen, además, la emisión de una notificación roja de Interpol contra el líder cubano.
El caso de 1996: Evidencia y cadena de mando
El 24 de febrero de 1996, dos avionetas Cessna de la organización Hermanos al Rescate, que buscaban balseros en el Estrecho de Florida, fueron derribadas por aviones MiG de la Fuerza Aérea cubana sobre aguas internacionales. En el incidente murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los congresistas fundamentan su solicitud en que Raúl Castro, en su entonces calidad de ministro de Defensa, formó parte de la cadena de mando que ordenó el ataque. La misiva cita una grabación en la que se escucha a Castro instruir a los pilotos para que las aeronaves fueran «tiradas al mar».
Precedentes judiciales y falta de responsables de alto nivel
El documento recuerda los hitos legales de este caso:
- 1997: Un juez federal halló a Cuba responsable en un tribunal civil.
- 2001: El espía Gerardo Hernández fue condenado por conspiración para cometer asesinato, siendo hasta hoy el único procesado por el ataque.
- 2003: Un gran jurado acusó a los pilotos y al entonces jefe de la Fuerza Aérea Cubana, Rubén Martínez Puente, pero ninguno ha sido llevado ante la justicia estadounidense.
Los firmantes subrayan que el informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) confirmó que las aeronaves estaban desarmadas y se encontraban en espacio aéreo internacional al momento del ataque, lo que califica el acto como ilegal bajo el derecho internacional.
Prioridad en el hemisferio occidental
La solicitud se enmarca en la actual política de seguridad nacional de la administración Trump, que ha mostrado un enfoque más agresivo hacia los regímenes de la región. Para los legisladores, la rendición de cuentas por crímenes contra ciudadanos estadounidenses debe ser una prioridad absoluta en la agenda con el hemisferio occidental.
Hasta el momento, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia no han emitido comentarios sobre si iniciarán una revisión formal de los cargos contra el exmandatario cubano.