Un tribunal federal ha sentenciado a Mckenzie Levar Monestine, de 33 años, a cumplir una pena de 55 meses de cárcel, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras ser hallado culpable de robo de identidad agravado y posesión ilícita de cientos de dispositivos de acceso bancario.
El fallo judicial estima que el esquema delictivo orquestado por Monestine causó pérdidas financieras superiores a los 550,000 dólares, afectando a numerosas víctimas a través de la sustracción sistemática de datos confidenciales.
El hallazgo: Un «laboratorio» de fraude en casa
La investigación, liderada por el FBI desde hace más de cuatro años, alcanzó su punto crítico tras un allanamiento en la residencia del sentenciado en junio de 2020. En el domicilio, los agentes federales confiscaron evidencia contundente de una operación de fraude a gran escala:
- Efectivo y activos: Más de 11,000 dólares en efectivo y una vasta colección de tarjetas de crédito, débito y de regalo a nombre de terceros.
- Tecnología criminal: Se incautó un dispositivo recodificador de bandas magnéticas y chips, herramienta esencial para la clonación de tarjetas bancarias.
- Identidades falsas: Documentación fraudulenta y giros postales de Western Union que formaban parte del engranaje para blanquear o extraer fondos.
El rastro digital: Bases de datos y mensajes de texto
El peritaje forense realizado a una computadora MacBook Pro y varios teléfonos celulares propiedad de Monestine reveló la magnitud de la red:
- Hojas de cálculo: El acusado almacenaba bases de datos con fechas de nacimiento, números de Seguro Social y licencias de conducir de sus víctimas.
- Mensajería comprometedora: Los registros de texto mostraron intercambios constantes de contraseñas, claves de inicio de sesión y números PIN, confirmando la comercialización y uso activo de datos robados para vulnerar cuentas bancarias.
Justicia y política de cero tolerancia
Ante el peso de las pruebas, Monestine se declaró culpable en diciembre de 2025. Este caso se destaca como un logro de la Iniciativa contra Delitos Violentos, una estrategia de la División Penal diseñada para combatir la criminalidad grave en el área de Miami.
El Departamento de Justicia subrayó que este tipo de sentencias buscan desincentivar el fraude de identidad, un delito motivado por el lucro que no solo genera pérdidas económicas, sino que compromete la estabilidad financiera y personal de los ciudadanos.