La Cámara de Representantes de Florida dio luz verde este martes al proyecto de ley HB 1279, una normativa que obligará a las universidades estatales de «preeminencia» —como la UF, FSU y USF— a destinar el 95% de sus matrículas de otoño exclusivamente a residentes del estado. La medida busca frenar la tendencia de desplazar a estudiantes locales brillantes en favor de solicitantes externos que pagan tarifas más altas.
La impulsora de la ley, la representante republicana Jennifer Kincart Jonsson, argumentó que las familias de Florida, cuyos impuestos financian estas instituciones, no deberían ver a sus hijos excluidos de los campus más prestigiosos del sistema estatal.
Impacto en las Universidades de Élite
Si el proyecto se convierte en ley, las instituciones de mayor rango deberán reestructurar sus procesos de admisión de la siguiente manera:
- Prioridad Absoluta: Casi la totalidad de los nuevos ingresos deberán ser bachilleres floridanos.
- Diversificación Internacional: Ninguna universidad podrá tener más de un 5% de estudiantes extranjeros provenientes de un mismo país, buscando evitar la concentración de nacionalidades específicas.
- Sanciones: Aquellas instituciones que no cumplan con estos porcentajes para el año 2030 perderán su estatus de «preeminencia» y el acceso a fondos estatales especiales.
El costo de la «Localía»: 34 millones de dólares
La bancada demócrata, que votó en contra (84-25), alertó sobre el impacto financiero que sufrirán las universidades al perder las elevadas matrículas que pagan los estudiantes fuera del estado e internacionales.
- Pérdida estimada: Se calcula un déficit anual de 34 millones de dólares.
- Perspectiva: Los defensores de la ley minimizan la cifra, señalando que representa apenas el 0.2% del presupuesto operativo total de las instituciones afectadas.
Incertidumbre en el Senado
A pesar del avance en la Cámara, el futuro de la HB 1279 es incierto. Con menos de dos semanas para que cierre el periodo de sesiones ordinarias, el Senado de Florida aún no ha mostrado señales de movimiento sobre esta propuesta.
Expertos académicos advierten que, si bien la ley beneficia a las familias locales, podría mermar la competitividad de Florida para atraer el «capital intelectual» global que define el éxito económico en el siglo XXI, especialmente en sectores tecnológicos y de investigación.