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Fiscal General de Florida amenaza con destituir a la alcaldesa de Tampa por «políticas de santuario»

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El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ha escalado el enfrentamiento entre el estado y las jurisdicciones locales al amenazar formalmente a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, con sanciones civiles o la remoción de su cargo. La disputa se centra en las directrices del Departamento de Policía de Tampa (TPD) que, según el estado, actúan como un escudo para inmigrantes indocumentados, contraviniendo las leyes estatales.

El núcleo de la acusación: Falta de cooperación con ICE

En una misiva enviada este miércoles, Uthmeier —exjefe de gabinete del gobernador Ron DeSantis— acusó a la administración de Castor de mantener políticas que obstruyen el intercambio de información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

  • Limitaciones policiales: El Fiscal señaló que los manuales del TPD impiden a los oficiales investigar el estatus legal de víctimas o testigos y prohíben compartir datos migratorios con autoridades federales.
  • El choque de filosofías: Mientras la alcaldesa defiende estas medidas para fomentar la confianza comunitaria y la denuncia de delitos, Uthmeier fue tajante: «El estado busca que las personas indocumentadas sientan temor a las consecuencias legales si residen en el país de forma irregular».

Ultimátum y posibles sanciones

El Fiscal General ha otorgado un plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para que la ciudad de Tampa revoque cualquier directriz que limite el control migratorio. El incumplimiento de esta orden activaría un proceso legal que incluye:

  1. Multas civiles contra el presupuesto municipal.
  2. Destitución de Jane Castor, una facultad que el gobernador DeSantis ha utilizado anteriormente contra otros funcionarios locales basándose en el «incumplimiento del deber».

La respuesta de Tampa

La alcaldesa Castor, exjefa de policía de la ciudad, ha optado por una postura de cautela técnica. Si bien afirmó que se revisarán los procedimientos para garantizar el «estricto cumplimiento legal», recordó que Tampa ya firmó el acuerdo 287(g). Sin embargo, precisó que la aplicación efectiva de este contrato federal ha sido lenta debido a la falta de capacitación especializada para sus agentes.