El proceso penal contra el depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sumó este martes un nuevo revés estratégico para su defensa. El juez federal Alvin K. Hellerstein emitió una orden restrictiva que prohíbe estrictamente a los abogados de la pareja compartir cualquier evidencia o material del caso con otros coacusados que aún no han sido capturados por las autoridades estadounidenses.
Esta decisión, que respalda plenamente la solicitud de la Fiscalía, busca blindar la integridad del proceso y proteger a los testigos clave, limitando el flujo de información hacia figuras de alto perfil que permanecen en Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el hijo mayor del exmandatario, Nicolás Maduro Guerra.
La medida de Hellerstein se fundamenta en los riesgos que, según los fiscales, implicaría que la evidencia llegue a manos de quienes aún evaden la justicia. Cabe destacar que la acusación formal no solo señala a la cúpula política chavista, sino que incluye a Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», líder de la organización criminal Tren de Aragua, recientemente designada por la administración de Donald Trump como una red terrorista transnacional.
Los cargos contra Maduro y Flores, que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, han sido descritos por los fiscales como el resultado de un «saqueo sistemático» de la riqueza de Venezuela. Mientras tanto, la pareja, que cumple más de 90 días recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, insiste en su inocencia y enfrenta este proceso en una situación de aislamiento procesal respecto a sus aliados en Caracas.
El dilema de los honorarios y la transición de Delcy Rodríguez
Este revés judicial se suma a la negativa del juez de desestimar el caso por falta de recursos para la defensa. Los abogados de Maduro sostienen que el Gobierno de Estados Unidos obstaculiza el debido proceso al no permitir que el Estado venezolano cubra los honorarios legales debido a las sanciones vigentes.
Paralelamente, en el plano político, la situación en Venezuela entra en una fase de incertidumbre institucional: Delcy Rodríguez ha cumplido ya el límite constitucional de 90 días como presidenta encargada tras la captura de Maduro. Aunque el Tribunal Supremo avaló su gestión inicial, ahora queda en manos de la Asamblea Nacional decidir si extiende este periodo interino por otros tres meses, mientras el juicio en Nueva York avanza hacia etapas que definirán el futuro legal de quienes gobernaron el país por más de una década.