El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este lunes la ley HB 1471, una normativa sin precedentes que otorga al gobierno estatal la facultad de designar oficialmente a grupos como organizaciones terroristas nacionales o extranjeras. Durante la ceremonia en la Universidad del Sur de Florida (USF), DeSantis defendió la medida como un paso necesario para proteger las instituciones educativas y el sistema legal de Florida frente a grupos que, según sus palabras, pretenden «infiltrarse y subvertir» el orden constitucional.
Un nuevo poder en manos del Gabinete
La legislación centraliza la capacidad de designación en una estructura jerárquica estatal:
- Iniciativa: El jefe de Seguridad Nacional (comisionado del FDLE) propone a los grupos sospechosos.
- Decisión Final: El Gobernador y su Gabinete (Fiscal General, Director Financiero y Comisionado de Agricultura) tienen la última palabra.
- Criterios: Para grupos nacionales, se requiere que participen en «actividades terroristas» que representen una amenaza continua. Para grupos extranjeros, el estado se alineará con la lista oficial del gobierno federal.
Consecuencias para estudiantes y organizaciones
La ley HB 1471 establece sanciones severas que buscan la asfixia operativa de los grupos designados:
- Desfinanciación: Disolución inmediata del grupo y corte de todo fondo estatal o escolar.
- Ámbito Universitario: Expulsión obligatoria de estudiantes que apoyen a estos grupos y reporte inmediato al ICE sobre el estatus migratorio de alumnos extranjeros.
- Apoyo Material: Brindar dinero, armas o entrenamiento a estas organizaciones será considerado una felonía (delito grave).
- Protección Legal: Prohíbe explícitamente que tribunales estatales apliquen leyes religiosas o extranjeras, con mención directa a la ‘Sharia’.
El fantasma de la persecución política
La promulgación de esta ley ocurre en un contexto de batalla legal previa. En marzo, un juez bloqueó una orden ejecutiva de DeSantis que intentaba designar como terroristas al Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR) y a la Hermandad Musulmana.
Hiba Rahim, directora de CAIR-Florida, advirtió que este marco legal es una herramienta diseñada para «atacar a cualquier organización que se atreva a disentir». Por su parte, la organización PEN America alertó sobre la vaguedad del lenguaje de la ley, señalando que podría utilizarse para silenciar protestas estudiantiles o críticas legítimas contra funcionarios estatales, generando un efecto inhibitorio en la libertad de expresión dentro de los campus.