El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este lunes la ley HB 991, una ambiciosa reforma electoral que obligará a que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado especifiquen si el titular es ciudadano estadounidense o no. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, busca blindar el padrón electoral al facilitar la verificación de ciudadanía en los centros de votación, eliminando además otros documentos que hasta ahora eran válidos para sufragar.
Bajo la nueva normativa, quienes no posean la ciudadanía estadounidense —incluso si cuentan con residencia legal permanente (Green Card) u otros estatus migratorios regulares— portarán de forma visible la marca “NC” (no ciudadano) en el anverso de su identificación. Esta transición no será inmediata ni retroactiva; los residentes comenzarán a recibir el nuevo formato conforme renueven o reemplacen sus documentos actuales.
La ley establece un mecanismo de control semanal donde el Departamento de Seguridad Vial compartirá datos con la Secretaría de Estado para depurar los registros de votantes. «Nuestra Constitución dice que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, y debemos asegurarnos de que eso sea ley», declaró DeSantis, defendiendo la exclusión de credenciales estudiantiles y de comunidades de retiro como identificaciones válidas para el sufragio, argumentando que no acreditan ciudadanía.
Oposición demócrata y respuesta judicial inmediata
La promulgación de la ley generó una reacción instantánea tanto en el ámbito legislativo como en los tribunales. Legisladores demócratas, encabezados por el senador Shevrin Jones, denunciaron que la exclusión de las identificaciones universitarias busca desestimular el voto de los jóvenes. Los críticos señalan que la ley es una «solución en busca de un problema», dado que los casos detectados de no ciudadanos intentando votar son mínimos en comparación con los 13 millones de votantes registrados.
Apenas minutos después de la firma, se presentaron dos demandas federales contra la Florida SAVE Act. Organizaciones de derechos civiles alegan que la medida viola la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU., al imponer cargas indebidas sobre el derecho al voto y crear un sistema de identificación que podría derivar en discriminación. Los demandantes buscan que un tribunal bloquee la ley mucho antes de su implementación en 2027.