El proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha entrado en una fase inédita. El juez Alvin Hellerstein inició formalmente la transición hacia una defensa pública federal, luego de que el equipo legal privado, encabezado por el abogado Barry Pollack, solicitara su retiro oficial del caso debido a la imposibilidad de percibir honorarios.
La salida de Pollack y su equipo responde al vencimiento de los plazos establecidos para asegurar el financiamiento de la defensa. El obstáculo insalvable ha sido el régimen de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el cual impide el acceso y uso de fondos venezolanos que se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional.
De acuerdo con declaraciones bajo juramento presentadas por el propio acusado ante el tribunal, este no dispone de recursos económicos personales de origen lícito en territorio estadounidense, lo que inhabilita cualquier vía de pago privado que no viole las normativas federales vigentes.
Calificación para asistencia legal gratuita (CJA)
Ante la carencia de fondos utilizables, el juez Hellerstein determinó que Maduro califica para recibir asistencia bajo la Ley de Justicia Criminal (CJA, por sus siglas en inglés). Esta medida implica que:
- Defensa de oficio: El Estado estadounidense asignará y costeará abogados defensores públicos o expertos del panel CJA.
- Igualdad procesal: El tribunal garantiza que el juicio continúe bajo los estándares del debido proceso, independientemente de la capacidad de pago del procesado.
- Costo al contribuyente: Los honorarios de la nueva defensa serán cubiertos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La transición a una defensa pública podría ralentizar el cronograma de audiencias, ya que los nuevos abogados deberán revisar un expediente complejo y voluminoso. Este giro se produce en un momento de alta sensibilidad política, coincidiendo con la reciente normalización de relaciones diplomáticas iniciada por la delegación de EE. UU. en Caracas y el fin de la Ley de Amnistía anunciado por la presidencia encargada.