La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el cierre del ciclo de aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, norma que fue pieza central de su gestión tras los sucesos de enero de 2026. Durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal en el Palacio de Miraflores, Rodríguez aseguró que los casos que no fueron procesados bajo este instrumento deberán canalizarse ahora a través de otros mecanismos estatales.
La mandataria interina explicó que el Programa de Convivencia Democrática y Paz, junto con la recién creada comisión de reforma judicial, serán los espacios encargados de atender los expedientes que quedaron fuera del alcance de la amnistía. Esta ley, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, buscaba liberar a personas procesadas por delitos políticos durante los últimos 27 años, como un gesto de distensión tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.
El fin de la ley ocurre en medio de una profunda controversia sobre su efectividad real. La brecha entre los datos oficiales y los de las ONG es pronunciada:
- Versión oficial: El diputado Jorge Arreaza afirmó que 8.616 personas recuperaron su libertad o fueron beneficiadas con medidas cautelares en los últimos dos meses.
- Datos de Foro Penal: La organización reporta cifras significativamente menores, indicando que desde enero solo se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales apenas 186 fueron consecuencia directa de la Ley de Amnistía.
Críticas por exclusión y alcance limitado
Desde su promulgación, la ley fue calificada de «chucuta» (incompleta) por figuras de la oposición como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, quien señaló que el texto dejaba fuera a sectores clave, como los militares y aquellos vinculados a operaciones de fuerza. Organizaciones de derechos humanos también cuestionaron que, aunque el texto mencionaba el periodo 1999-2026, en la práctica el beneficio se restringió a 13 eventos políticos específicos, actuando como un «embudo» que, según Foro Penal, mantiene aún a 485 personas tras las rejas por motivos políticos.
Con el fin de la amnistía, la atención se centra ahora en la Reforma de la Justicia Penal. Para los analistas, este cambio de estrategia sugiere un retorno a la revisión caso por caso bajo control del Ejecutivo y el Poder Judicial, alejándose de una medida de perdón general. La efectividad de estos «otros espacios» mencionados por Rodríguez será determinante para la consolidación de la estabilidad interna y el reconocimiento internacional del gobierno encargado.