La excomisionada de Sweetwater y figura recurrente en la política del sur de Florida, Sophia Lacayo, fue sentenciada este lunes en un tribunal federal de Miami a 18 meses de prisión. La condena responde a su culpabilidad en un cargo de fraude electrónico derivado del uso ilícito de préstamos de alivio por la pandemia.
Además del tiempo en prisión, el juez impuso a Lacayo tres años de libertad supervisada. Según el documento judicial, la exfuncionaria tiene como fecha límite el 10 de junio de 2026 para entregarse a la institución designada por la Oficina de Prisiones.
Lacayo admitió haber orquestado un plan para obtener de manera fraudulenta cuatro préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), creado bajo la Ley CARES para ayudar a empresas durante la crisis del coronavirus.
- Modus operandi: Como presidenta de Lacayo Trade Group Inc., presentó solicitudes con información falsa sobre la nómina y la actividad comercial de sus empresas.
- Objetivo: Las autoridades determinaron que el propósito era el enriquecimiento ilícito, desviando los fondos de emergencia para su uso y beneficio personal.
Un historial marcado por la controversia legal
Esta sentencia es el capítulo más reciente en la turbulenta carrera pública de Lacayo, quien ha enfrentado múltiples procesos judiciales en los últimos años:
- Residencia falsa (2019): Dimitió de su cargo en Sweetwater tras ser acusada de mentir sobre su domicilio oficial dentro de los límites de la ciudad.
- Financiamiento de campaña (2022-2023): Durante su candidatura para la Comisión de Miami-Dade frente a Juan Carlos Bermúdez, fue señalada por presuntas violaciones a las leyes electorales. En 2023, se le imputaron 21 delitos graves y menores relacionados con irregularidades en los fondos de su campaña.
Próximos pasos
Con esta sentencia federal, Lacayo se une a la lista de figuras públicas que han sido procesadas por el mal uso de los billonarios fondos destinados a mitigar el impacto económico del COVID-19 en Estados Unidos. El tribunal ha dejado claro que la libertad supervisada posterior a su salida de la cárcel será estricta, buscando asegurar que cumpla con cualquier restitución financiera que el caso amerite.