En un giro drástico durante la sesión especial en la capital estatal, los comités legislativos de Florida modificaron este lunes el proyecto estrella del gobernador Ron DeSantis para recortar el impuesto a la propiedad. La decisión se tomó luego de severas advertencias que señalaban que la versión original de la reforma podría arrastrar a la quiebra a los gobiernos locales y forzar reducciones de hasta un 25% en los servicios de bomberos.
Los comités de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes y de Asignaciones del Senado, ambos bajo control de la mayoría republicana, enmendaron las propuestas HJR 3F y SJR 4F. Con este movimiento técnico, los legisladores blindaron a los distritos escolares al excluirlos del recorte y buscaron mitigar el impacto fiscal sobre las ciudades y condados, justo antes de las votaciones en el pleno programadas para este martes.
La propuesta, que representa el eje de la agenda de DeSantis en su último año de mandato, plantea elevar la exención por residencia principal (homestead exemption) de los actuales 50,000 dólares a 150,000 dólares en 2027, y hasta los 250,000 dólares para el año 2028.
Reducción del impacto y ajustes de los comités
Tras la aprobación de la enmienda, el incremento de la exención no afectará a los gravámenes destinados a la financiación de los distritos escolares, una concesión clave que disminuye el impacto sobre el sistema de educación pública. Previo a estas modificaciones, las proyecciones de los gobiernos locales anticipaban una pérdida conjunta de 8,400 millones de dólares anuales en sus recaudaciones.
Adicionalmente, los comités legislativos introdujeron otras reformas al texto original:
- Tope a propiedades comerciales y vacacionales: El proyecto reducirá el actual límite del 10% fijado para los incrementos anuales del avalúo en propiedades no homestead (inmuebles de inversión, comerciales y viviendas vacacionales).
- Destino de fondos: Se restringirá el uso de los impuestos a la propiedad exclusivamente a servicios esenciales como policía, bomberos, educación, manejo de aguas pluviales, infraestructura y oficinas constitucionales.
- Eliminación de auxilio rural: Los legisladores suprimieron la disposición del gobernador que contemplaba la creación de un fondo fiduciario estatal para subsidiar a los condados rurales pequeños con menor base tributaria.
Alertas gremiales y el fenómeno del «desplazamiento fiscal»
Las asociaciones de alcaldes y condados manifestaron su profunda preocupación en las audiencias. Jeff Scala, subdirector de la Florida Association of Counties, definió el plan como un cambio histórico y sin precedentes que carece de una cuantificación real de daños. “Las ciudades podrían quebrar y los condados podrían verse obligados a fusionarse. Nadie lo ha modelado”, alertó Scala ante el Senado.
Por su parte, Charles Chapman, consultor legislativo de la Florida League of Cities, advirtió que la medida no elimina la carga fiscal, sino que la traslada. Según Chapman, el beneficio para unos se convertirá en un desplazamiento del impuesto hacia los negocios y los inquilinos, debido a que las ciudades podrían elevar las tarifas, los gravámenes y las tasas de millaje sobre las propiedades no homestead para compensar las pérdidas.
Oposición demócrata y contraofensiva de DeSantis
Desde la acera demócrata, la líder de la minoría en la Cámara, Fentrice Driskell, criticó que la propuesta desprotege a los inquilinos y encarecerá las tarifas locales. En la misma línea, la representante Lori Berman calificó la sesión de 72 horas como un ejercicio precipitado y estimó que, de aplicarse por completo, el condado de Palm Beach perdería más de 500 millones de dólares. Las alternativas demócratas, que incluían créditos para compradores de primera vivienda, suspensión del impuesto a la gasolina y topes a los seguros, fueron descartadas de la agenda.
A pesar de los cuestionamientos, el gobernador Ron DeSantis rechazó los pronósticos de parálisis local y defendió que la recaudación predial en Florida ha crecido de forma desproporcionada. Según datos de su oficina, los ingresos por este gravamen saltaron de 32,000 millones a 60,000 millones de dólares en siete años, y se encaminan a los 83,000 millones para 2032 si no se aplica una reforma estructural. “Por supuesto que podemos hacer esto… No dejen que nadie les diga que no se puede”, sentenció el mandatario.
El presidente del Senado, Ben Albritton, respaldó la iniciativa recordando que una encuesta de la Universidad Stetson arrojó un 77% de apoyo popular a la reducción tributaria en la vivienda. De ser aprobada la propuesta este martes por las tres quintas partes de ambas cámaras, la enmienda constitucional se someterá al voto popular en la boleta de noviembre, donde requerirá un 60% de aprobación para su entrada en vigor.