Una tensa sesión de más de 35 minutos se vivió en el Concejo Municipal de Hialeah este martes, cuando tres residentes de larga data alzaron su voz para exigir la revisión de una estricta ordenanza que prohíbe el estacionamiento de embarcaciones y vehículos recreativos en viviendas tipo townhouses (casas adosadas) y dúplex. Los afectados catalogaron la normativa como una carga financiera injusta que atenta contra el esfuerzo de toda su vida.
El foco del debate se centró en el emotivo testimonio del residente Miguel Pita, vecino del área de Palm Springs North. Pita relató que ha vivido en su propiedad por más de 19 años y ha mantenido su bote en el espacio de estacionamiento asignado durante casi dos décadas sin generar inconvenientes. Sin embargo, la aplicación de la ley local lo coloca ahora ante la inminente obligación de retirar su embarcación.
“Una de las razones por las que trabajé toda mi vida fue para poder tener un barco. Es lo que amo. Soñé que cuando me jubilara pudiera disfrutarlo”, manifestó Pita ante los legisladores. “Todo el sacrificio, todo por lo que luché, todo por lo que trabajé… por favor, les pido piedad. No me digan que no pueden cambiar la ley que crearon”.
Un conflicto normativo heredado y la ofensiva de la nueva administración
La controvertida regulación fue aprobada originalmente en el año 2024 bajo la alcaldía de Esteban Bovo Jr. En aquel momento, el consistorio limitó el resguardo de vehículos recreativos y botes exclusivamente a los lotes de viviendas unifamiliares, vetándolos en dúplex y casas adosadas bajo el argumento de preservar la seguridad y el orden vial. Con anterioridad a esta reforma, los residentes de townhouses tenían permitido estacionar navíos de hasta 24 pies de eslora (largo) en sus cajones de estacionamiento.
El caso de Pita arrastra un historial de contradicciones institucionales. Tras recibir una primera citación bajo el mandato de Bovo, el afectado tramitó una solicitud de variación que recibió el visto bueno de la Junta de Planificación y Zonificación; no obstante, la administración desestimó posteriormente el proceso y le reembolsó las tarifas. Dos años después, con el cambio de gobierno local, Pita volvió a ser multado, reavivando una disputa que consideraba saldada.
Bajo la nueva jefatura del alcalde Bryan Calvo, quien asumió el cargo el pasado 12 de enero, la ciudad ha puesto en marcha una fiscalización sumamente agresiva del código de zonificación. Los registros oficiales revelan el impacto de esta ofensiva fiscalizadora:
Estadísticas de Fiscalización y Permisos de Vehículos Recreativos (Hialeah) • Advertencias emitidas (Gestión Calvo): Al menos 122 notificaciones en dúplex y townhouses. • Avisos de infracción formal (Calvo): 46 multas radicadas en las mismas estructuras. • Total de solicitudes procesadas (2024): 936 expedientes evaluados por la ciudad. • Permisos aprobados para unifamiliares: 619 autorizaciones concedidas. • Solicitudes denegadas o anuladas: 65 denegaciones y 113 anulaciones directas. • Casos pendientes de inspección técnica: 64 solicitudes en lista de espera.
Ante las consultas periodísticas sobre la supuesta desestimación del caso de Pita por el gobierno anterior, el alcalde Calvo argumentó que dichos precedentes apuntan a una preocupante e inequitativa aplicación de la ley. “Si bajo la administración anterior la ciudad decidió desestimar el caso, eso es un problema”, advirtió el mandatario. “Debemos aplicar la ley a todos por igual. O todos pueden tener barcos en los townhouses o nadie puede”.
Sin respaldo político en el concejo para modificar la ley
La postura del alcalde Calvo guarda una particular ironía, ya que él mismo formaba parte del concejo en 2024 y votó en contra de la prohibición. Durante la audiencia del martes, Calvo recordó que en esa época residía en el vecindario contiguo de Palm Springs South y se vio obligado a vender su propia embarcación para evitar las sanciones. “Vendí mi barco cuando se aprobó porque no quería recibir una multa”, confesó, acotando que personalmente no le incomoda la presencia de los botes, pero que su deber actual es hacer cumplir de forma estricta el reglamento vigente.
Como vía de escape legal, Calvo sugició que los afectados recurran al mecanismo de la excepción a la norma, una solicitud individual que debe ser evaluada por la Junta de Planificación y refrendada por el concejo caso por caso. Los residentes notificados disponen de un plazo de 60 días para iniciar este trámite, el cual conlleva un costo de entre 750 y mil dólares según las características del inmueble, sin que esto garantice una resolución favorable.
La flexibilización de la norma parece lejana en el plano político. A pesar de las quejas formales de otros ciudadanos —como Joanki Peña y Eddy Dennis, quienes alegaron que sus embarcaciones no obstruyen el tránsito peatonal ni las aceras y que los costos de un aparcamiento privado externo resultan prohibitivos—, el cuerpo legislativo cerró filas en torno al texto aprobado. El concejal Luis Rodríguez presentó una moción formal para enmendar la ordenanza y permitir los botes en las casas adosadas, pero la propuesta murió en el acto al no contar con el respaldo de ningún otro miembro del concejo para secundarla. «Los miembros del concejo quieren mantener la ley establecida, y mi trabajo es hacer cumplir el reglamento de la ciudad», concluyó Calvo, ratificando que las redadas de código continuarán sin modificaciones en los vecindarios de Hialeah.
Con información de El Nuevo Herald