En un nuevo e importante avance de la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la Junta Estatal de Educación de Florida aprobó este martes dos regulaciones que cambiarán las reglas de acceso a la educación superior y técnica. A partir de su entrada en vigor, cualquier persona que solicite ingresar a los colegios públicos del estado o a los programas de educación general para adultos —incluidos los cursos de preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED)— deberá certificar obligatoriamente su ciudadanía estadounidense o su presencia legal en el país.
La resolución fue aprobada por la junta mediante una sesión por videoconferencia con un solo voto en contra. La medida impacta de forma directa sobre las 28 instituciones que integran el Sistema de Colegios de Florida (Florida College System), afectando a centros con altísima matrícula hispana como el Miami Dade College, Broward College, Palm Beach State College e Indian River State College.
Verificación obligatoria y exclusión universitaria temporal
Las dos normativas aprobadas por la junta establecen mecanismos de control administrativo diferenciados para cerrar el acceso a la población indocumentada:
- Admisión en Colegios Públicos: La primera regla obliga a todos los aspirantes a demostrar documentalmente su estatus migratorio regular ante la institución correspondiente antes de poder completar formalmente su proceso de matrícula.
- Educación para Adultos y GED: La segunda norma exige a los centros y proveedores que dictan cursos de educación para adultos fijar políticas escritas y estrictas de verificación migratoria para cualquier persona que busque culminar sus estudios básicos o técnicos.
Es importante destacar que ninguna de estas dos disposiciones alcanza por el momento a las 12 universidades públicas del estado (como la Universidad de la Florida o la Universidad Estatal de Florida). Dichas instituciones dependen de una entidad reguladora independiente, la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario, la cual analiza por separado una restricción similar pero aún no ha fijado una fecha para su votación definitiva.
Un voto disidente y fuerte rechazo social
La sesión estuvo marcada por un fuerte disenso. Paradójicamente, el único voto en contra de las medidas provino de Daniel Foganholi, un funcionario que fue designado en la junta por el propio gobernador DeSantis en 2022. Foganholi justificó su postura argumentando que no considera adecuado que un organismo educativo asuma funciones de control e implementación migratoria, ya que estas competencias corresponden exclusivamente al Gobierno federal de los Estados Unidos.
Asimismo, durante la fase de comentarios públicos previa a la votación, cerca de 40 personas intervinieron ante el pleno y la totalidad de los testimonios se pronunció de forma tajante en contra de la propuesta. Una de las voces más destacadas fue la de Luisa Santos, miembro de la junta escolar de Miami-Dade, quien compartió su propia historia como inmigrante indocumentada que llegó de Colombia a los ocho años y que, gracias al acceso educativo de la época, logró convertirse en empresaria y líder pública. Santos advirtió que las nuevas trabas burocráticas truncarán el futuro de miles de jóvenes en situaciones similares.
Costo financiero y el fin de los beneficios estatales
El gobernador Ron DeSantis defendió con firmeza las nuevas reglas, bajo la premisa de que los recursos públicos y los cupos en las aulas deben reservarse prioritariamente para los residentes legales del estado. «Yo preferiría que ese cupo fuera para un residente de Florida», enfatizó el mandatario.
Esta decisión profundiza un camino de restricciones que comenzó a consolidarse el año pasado, cuando Florida derogó de forma definitiva la ley de 2014 que permitía a los estudiantes indocumentados egresados de secundarias locales pagar tarifas de matrícula estatales reducidas (in-state tuition). Desde entonces, estos alumnos están obligados a abonar tarifas completas como estudiantes extranjeros, las cuales suelen ser hasta tres veces más costosas.
Más allá del debate político, las regulaciones prometen generar un fuerte impacto económico en el propio sistema de educación superior del estado. Evaluaciones técnicas elaboradas por el Florida Policy Institute señalan que los colegios públicos de Florida podrían perder más de 15 millones de dólares anuales en concepto de matrículas y cuotas no percibidas. Asimismo, datos del Higher Ed Immigration Portal estiman que cerca de 8.000 estudiantes indocumentados se gradúan cada año de las escuelas secundarias floridanas, un capital humano que ahora quedará completamente al margen del sistema de educación superior y de capacitación para adultos en el estado.