La industria turística y de la hospitalidad de Florida ha lanzado un llamado de urgencia al Gobierno federal para contener el impacto económico inmediato que supondrá la pérdida de permisos de trabajo para miles de empleados extranjeros. La movilización del sector privado se produce tras el reciente e histórico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cual otorga el respaldo legal definitivo a la administración del presidente Donald Trump para dar por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) concedido a los ciudadanos de Haití y Siria.
La ofensiva gremial está liderada por la Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Florida (Florida Restaurant & Lodging Association, FRLA), en alianza con la Asociación Nacional de Restaurantes y otras 11 organizaciones estatales. Juntas han remitido una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando una prórroga administrativa que evite el colapso operativo de miles de empresas en plena temporada alta vacacional.
Un fallo judicial que liquida los amparos del TPS
La honda preocupación que sacude al motor económico del «Estado del Sol» tiene su origen en la sentencia emitida por el máximo tribunal el pasado 25 de junio en el caso Mullin v. Doe. Con esta resolución, la Corte Suprema levantó de forma definitiva las medidas cautelares dictadas por tribunales inferiores que habían bloqueado los decretos de cancelación de la Casa Blanca, dejando vía libre al Ejecutivo para extinguir el programa de protección y reduciendo a cero la posibilidad de nuevas maniobras de impugnación judicial.
El dictamen sitúa al sector de servicios frente a un escenario crítico debido a los siguientes factores:
- Vencimiento inmediato: Las autorizaciones de empleo (Employment Authorization Documents) de una parte sustancial de la población beneficiaria haitiana y siria expiraron formalmente el 1 de julio de 2026.
- Temporada pico: La pérdida abrupta de esta fuerza laboral coincide con el fin de semana festivo del 4 de Julio (Día de la Independencia), uno de los períodos de mayor ocupación hotelera y consumo gastronómico del año.
- Florida como epicentro: De acuerdo con los censos internos de la FRLA, Florida es el estado más afectado de la Unión, al albergar a unos 93.000 beneficiarios del TPS que inyectan cerca de 2.600 millones de dólares anuales a la actividad económica estatal.
Tres demandas concretas ante el Departamento de Seguridad Nacional
En la misiva enviada a Washington, las agrupaciones empresariales enfatizan que los empleados bajo régimen de TPS llevan años plenamente integrados en las dinámicas de trabajo de hoteles, complejos turísticos y franquicias gastronómicas. Su salida inmediata de las plantillas de personal generaría una escasez de mano de obra insostenible y mermaría la competitividad del sector.
Para mitigar el impacto, las organizaciones han formalizado tres peticiones ante el DHS:
- Período de gracia laboral: Establecer una ventana de transición técnica de 90 a 120 días antes de suspender la vigencia de los permisos de trabajo, permitiendo a los departamentos de recursos humanos reestructurar sus nóminas de forma ordenada y sin interrupciones operativas en verano.
- Manual de procedimientos del USCIS: Exigen que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publique a la brevedad directrices claras y cronogramas oficiales sobre cómo proceder con la reverificación de empleados, el correcto llenado de los Formularios I-9 y la actualización de datos en la plataforma federal E-Verify.
- Cláusula de protección de buena fe: Solicitar garantías legales de no sanción para aquellos empresarios que continúen empleando a estos trabajadores basándose en directrices previas mientras el Gobierno federal unifica y clarifica las nuevas normativas de control migratorio.
Un frente empresarial multisectorial que exige claridad
«La decisión de la Corte Suprema tiene importantes implicaciones para los más de 93.000 beneficiarios del TPS que han construido sus vidas en Florida, así como para las empresas de hospitalidad y turismo y las comunidades que dependen de sus contribuciones», aseveró Carol Dover, presidenta y directora ejecutiva de la FRLA. Dover enfatizó que en un momento en que los empresarios deben atender a millones de visitantes internacionales, resulta indispensable contar con «claridad, orientación y un período de transición razonable» otorgado por las agencias del orden federal.
El reclamo de Florida cuenta con un sólido respaldo a nivel federal. Las asociaciones homólogas de la industria de la hospitalidad en estados con alta densidad de inmigrantes como Nueva York, Nueva Jersey, Texas, Georgia, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Indiana, Ohio, Pensilvania y Wisconsin han firmado la solicitud conjunta. Cabe recordar que la FRLA representa de manera directa a más de 10.000 hoteles, restaurantes y parques temáticos en Florida, un motor productivo que genera unos 112.000 millones de dólares anuales en actividad económica y sostiene cerca de dos millones de empleos directos e indirectos en todo el estado, razones por las cuales consideran que un cese fulminante de los permisos laborales amenaza el equilibrio financiero de la región.