La filtración de un informe confidencial remitido por Junts per Catalunya a la dirección del PSOE ha desvelado los entresijos de las negociaciones de Ginebra y ha reabierto la crisis entre ambas formaciones. El documento, entregado a través de los mediadores de la fundación Henri Dunant en Suiza tras la ruptura del pacto de investidura el pasado mes de octubre, detalla cómo el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, utilizaron promesas de resoluciones jurídicas inminentes para retener de forma artificial el apoyo de los siete diputados posconvergentes.
De acuerdo con el texto al que ha tenido acceso el diario EL MUNDO, Junts describe una estrategia de «engaño sistemático» articulada por los interlocutores del PSOE. Las notas entregadas a los socialistas pormenorizan un «baile de fechas» ficticio sobre el aval de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional (TC), una táctica concebida presuntamente para consumir los meses de la legislatura y evitar que el independentismo rompiera el bloque de gobernabilidad con margen de maniobra.
El calendario de plazos incumplido en Suiza
El informe detalla que la delegación socialista, con Zapatero y Cerdán al frente de los encuentros bilaterales en Ginebra, garantizó hasta en cuatro ocasiones consecutivas que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido blindaría de inmediato la norma que borraba los delitos del procés, compromisos que se fueron postergando sistemáticamente:
- Junio de 2024: Compromiso inicial de que el TC ratificaría la ley apenas un mes después de su aprobación en las Cortes Generales.
- Septiembre de 2024: Tras vencerse el plazo estival, los emisarios del PSOE aseguraron que el dictamen coincidiría con el arranque del curso político.
- Diciembre de 2024: Ante la falta de pronunciamiento, los socialistas volvieron a pedir paciencia garantizando que el fallo no pasaría de fin de año.
- Marzo de 2025: Las prórrogas verbales se extendieron durante el ejercicio posterior, estableciendo este mes como la fecha definitiva para el blindaje de la amnistía y el regreso sin cargas de Carles Puigdemont.
Acusaciones de boicot activo ante la Fiscalía
El reproche de la organización independentista va más allá de la inacción del Tribunal Constitucional. En las notas entregadas al PSOE, Junts imputa al Ejecutivo de Pedro Sánchez un «papel pasivo o incluso obstructivo» ante los estamentos judiciales. La formación sostiene que la Moncloa maniobró tras bambalinas para que la Fiscalía del órgano de garantías mantuviera un bloqueo técnico e institucional, impidiendo la aplicación inmediata de los efectos penales de la amnistía sobre el expresidente catalán.
La dirección de Junts concluye que esta estrategia de dilación buscaba intencionadamente agotar los plazos parlamentarios. Al supeditar la normalización civil de sus líderes a las resoluciones de un tribunal que finalmente se demoraron más de un año respecto a los plazos pactados originalmente, los socialistas neutralizaron los mecanismos de presión de sus socios en el Congreso, quienes disponían de un estrecho margen de apenas dos votos para condicionar la estabilidad del Gobierno.
Con información de LaPatilla