Un juez federal de Miami ordenó este martes a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos pagar 314 millones de dólares en daños y perjuicios a tres ciudadanos estadounidenses. Los demandantes fueron encarcelados ilegalmente y sometidos a severas torturas durante su detención en Venezuela, según informó la agencia Associated Press.
El fallo fue dictado por el juez federal Darrin P. Gayles, quien responsabilizó directamente a los demandados por operar lo que describió como una «empresa criminal» liderada por Maduro. La sentencia también incluye al «Cartel de los Soles», la red de narcotráfico integrada por altos mandos militares venezolanos.
Las víctimas y los horrores de la detención
Entre los tres demandantes se encuentra Edgar Marval, un empresario de Florida con operaciones comerciales en Venezuela. Los otros dos afectados son Jerrel Kenemore, un especialista en informática de Texas que pasó 643 días tras las rejas tras ser capturado por hombres armados en 2022, y Jason Saad, un trabajador de la construcción originario de Alabama.
De acuerdo con el expediente judicial, los tres estadounidenses sufrieron brutales abusos en los centros de reclusión venezolanos, que incluyeron:
- Descargas eléctricas.
- Fuertes golpizas.
- Posiciones de estrés prolongadas.
Los tres hombres recuperaron su libertad a finales de 2023, durante un polémico intercambio de prisioneros negociado por la administración de Joe Biden. En ese acuerdo, Washington liberó precisamente a Álex Saab, quien se encontraba recluido en Estados Unidos enfrentando cargos por lavado de dinero.
Una cifra histórica en las cortes de EE. UU.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, también formaba parte de la demanda original. Sin embargo, quedó fuera de este fallo definitivo luego de que sus abogados alegaran con éxito que posee inmunidad diplomática por su cargo de Estado, un argumento que los demandantes todavía intentan apelar.
Según los reportes judiciales, esta millonaria sentencia representa la mayor indemnización otorgada hasta la fecha bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos, una normativa federal que faculta a los ciudadanos estadounidenses a reclamar compensaciones económicas por actos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero.