El vertiginoso crecimiento demográfico que posicionó a Florida como el principal refugio de mudanza en el país está experimentando un freno drástico. De acuerdo con el más reciente informe del Centro Shimberg de Estudios de Vivienda de la Universidad de Florida, la llegada de nuevos residentes al estado sufrió una caída masiva durante 2025, golpeando con especial fuerza a los condados más caros y urbanizados como Miami-Dade y Broward.
Los datos del Florida Housing Data Clearinghouse revelan un cambio radical de tendencia:
- El desplome: Florida sumó un neto de 201,191 residentes por migración interna e internacional en 2025 (unas 551 personas al día).
- El contraste: La cifra representa una reducción de casi dos tercios frente al pico histórico de 2022, cuando llegaron 598,737 habitantes (cerca de 1,640 personas por jornada). Se trata del descenso más severo registrado en la última década.
Las grandes ciudades pierden vecinos
El fenómeno se concentra en los núcleos metropolitanos. El condado de Miami-Dade lideró la fuga de habitantes, cerrando el año con una pérdida neta de casi 73,000 residentes que decidieron mudarse a otros condados o estados. Broward y Orange registraron saldos negativos similares debido a que la salida de población local anuló por completo las ganancias obtenidas tradicionalmente a través de la migración internacional.
Anne Ray, investigadora principal del estudio, atribuye este repliegue directamente a la crisis de asequibilidad de la vivienda. Al dispararse los precios de los alquileres y los inmuebles, los trabajadores y las familias están huyendo de los grandes centros urbanos hacia condados medianos como Polk, Pasco y Marion, donde la construcción de casas unifamiliares ha mantenido un ritmo constante y ofrece opciones más asequibles para el bolsillo.
El factor Doral y el impacto comercial de los operativos
Más allá del factor estrictamente económico, la desaceleración coincide con un ambiente de creciente temor e incertidumbre en las comunidades del sur de Florida. Enclaves tradicionalmente hispanos como la ciudad de Doral —conocida popularmente como «Doralzuela» por albergar un 40% de población de origen venezolano— están viviendo un éxodo silencioso catalogado por expertos como «autodeportación».
La tensión se intensificó luego de que el Concejo municipal de Doral aprobara un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual otorga funciones de control migratorio limitado a la policía local. Los efectos en la economía del sector no se han hecho esperar:
- Negocios icónicos de la zona, como el restaurante El Arepazo, reportan caídas en sus ventas superiores al 50%.
- Agentes inmobiliarios de la región advierten que el mercado de alquileres está completamente paralizado debido al miedo de la comunidad a verse envuelta en redadas.
Mientras figuras políticas locales como el concejal de origen venezolano Rafael Pineyro defienden que la policía de la ciudad no opera formalmente como agentes de inmigración ordinarios, la vicealcaldesa Maureen Porras ha lanzado advertencias severas: una eventual deportación masiva o el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) asestaría un golpe devastador e irreversible a la economía de una ciudad construida con el esfuerzo de la diáspora venezolana.