Una jueza federal de Florida ordenó al gobierno estatal y a la administración del presidente Donald Trump que presenten documentación oficial que demuestre el cierre permanente del centro de detención migratoria de los Everglades, conocido popularmente como «Alligator Alcatraz». La resolución judicial se produce semanas después de que el gobernador Ron DeSantis anunciara públicamente la clausura de las polémicas instalaciones.
La decisión de la jueza de distrito Sheri Polster Chappell, con sede en Fort Myers, mantiene abierto el proceso judicial promovido por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). A la vez, el fallo expone los millonarios costos de un complejo que fue erigido en apenas ocho días sobre una pista de aterrizaje aislada dentro de la Reserva Nacional Big Cypress.
La Justicia rechaza las «declaraciones públicas dispersas»
Tanto los abogados del estado de Florida como del gobierno federal habían solicitado congelar la demanda colectiva argumentando que el anuncio de clausura emitido por DeSantis el pasado 25 de junio dejaba el litigio sin fundamento.
Sin embargo, la jueza Chappell rechazó la petición y otorgó un plazo de cuatro días para que las autoridades entreguen evidencia documental o precisen cuándo estará disponible. La magistrada enfatizó que la corte no ha recibido confirmación formal de ningún funcionario estatal o federal con potestad legal para garantizar que el centro no volverá a operar.
«Nos complace que la corte exija evidencia clara e inequívoca de que la notoria ‘Alligator Alcatraz’ fue cerrada de forma permanente», declaró Carmen Iguina González, subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. «Las garantías vagas del tipo ‘solo confíen en nosotros’ no bastan».
Del uso de emergencia a la transferencia del terreno
Inaugurado el 1 de julio de 2025 mediante contratos de emergencia sin licitación, el complejo llegó a albergar a más de 4.000 detenidos. Ante la proximidad de la temporada de huracanes, las autoridades trasladaron inicialmente a los internos bajo la premisa de una medida temporal.
No obstante, el 25 de junio, DeSantis visitó el sitio junto al zar fronterizo Tom Homan para declarar que las instalaciones ya estaban vacías. «Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñada», afirmó el gobernador, atribuyendo al centro el procesamiento de aproximadamente 21.000 personas.
En paralelo, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, notificó la intención del condado —propietario original del suelo— de transferir los terrenos al Servicio de Parques Nacionales con fines de conservación medioambiental.
Las cifras del complejo: Gastos millonarios e incertidumbre de reembolso
El proceso judicial avanza en medio de cuestionamientos sobre el impacto financiero para los contribuyentes. Aunque las estimaciones iniciales situaban el presupuesto anual en 450 millones de dólares, los registros revelaron un ritmo de gasto cercano al millón de dólares diario.
- Contratos estatales: A principios de junio, los pagos a contratistas sumaban 335 millones de dólares distribuidos en 55 acuerdos para la sede de los Everglades y su instalación gemela, «Deportation Depot».
- Reembolso federal: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó una partida de 608 millones de dólares para Florida —muy por debajo de los 1.500 millones solicitados por el estado—. Hasta la fecha, solo han ingresado a las arcas estatales 58 millones de dólares, y los propios representantes legales del estado admitieron ante el tribunal que el saldo restante podría no desembolsarse nunca.
- Costos de desmovilización: Los contratos vigentes incluyen cláusulas que obligan al pago de montos adicionales por el retiro de personal y logística, lo que incrementará la factura final del proyecto.
La supervisión judicial sobre el caso permanecerá activa hasta que los gobiernos federal y estatal aporten pruebas fehacientes de que las instalaciones han sido desmanteladas de manera irreversible.