El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de España, Yolanda Díaz, por «intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal». La acción legal exige una indemnización de 50.000 euros por daño moral, la retractación pública de la funcionaria y el pago de las costas del proceso.
El litigio responde a las declaraciones emitidas por Díaz en la red social Bluesky y en el programa televisivo La Hora de la 1 (RTVE), donde calificó como «escalofriantes» las acusaciones de presunto abuso sexual y laboral formuladas contra el artista por dos excomisarias de sus residencias en el Caribe.
Antecedentes y proceso en el Tribunal Supremo
La demanda se formaliza ante el Alto Tribunal debido a la condición de aforada de Díaz como miembro del Gabinete gubernamental. La medida judicial se produce tras el fracaso del acto de conciliación celebrado en mayo, en el que la vicepresidenta rehusó retractarse de los comentarios que la defensa del cantante catalogó como «injuriosos y calumniosos».
««Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente»», publicó la ministra tras la divulgación periodística de los señalamientos.
Archivo de la causa y acciones contra medios de comunicación
La denuncia inicial contra el artista —que incluía presuntos delitos de trata con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual y lesiones— fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España al determinar la falta de competencia territorial de la jurisdicción española, dado que los hechos señalados habrían ocurrido en el extranjero.
En paralelo a la demanda contra Díaz, la representación legal de Iglesias interpuso una querella por injurias, calumnias y delitos contra la integridad moral en los juzgados de Madrid contra periodistas del portal eldiario.es, incluido su director Ignacio Escolar, sosteniendo que las publicaciones contenían afirmaciones falsas orientadas a menoscabar la reputación pública del intérprete.