La principal agencia de seguridad interna de Rusia (FSB) acusó formalmente este miércoles a Pavel Durov, fundador y director general de Telegram, de «colaborar con el terrorismo» y lo incluyó en la lista internacional de personas buscadas.
La medida contra el empresario —nacido en Rusia pero radicado en el extranjero desde hace años— coincide con un incremento en las restricciones estatales contra Telegram, una de las plataformas de mensajería más utilizadas en el país. El expediente se enmarca en la campaña de Moscú por consolidar un control estatal sobre internet, iniciativa intensificada desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania en febrero de 2022.
Señalamientos del Kremlin y contexto de censura
En un comunicado oficial emitido este miércoles, los servicios de seguridad rusos sostienen que la administración de Telegram se ha negado reiteradamente a moderar o eliminar «numerosos canales, grupos y bots» dentro de la aplicación.
Según el informe del FSB, estas herramientas «son utilizadas activamente por los servicios de inteligencia ucranianos, así como por organizaciones extremistas para coordinar actos de sabotaje, terrorismo, homicidios masivos y fraudes cibernéticos» en territorio ruso, derivando según las autoridades en «numerosas víctimas humanas».
El pulso histórico por el cifrado de datos
Durov, quien abandonó Rusia tras negarse a entregar datos de usuarios a las agencias de inteligencia estatales en sus proyectos anteriores, ha defendido históricamente el cifrado de extremo a extremo y la privacidad de los usuarios como pilares fundamentales de Telegram.
El intento de captura e imputación penal representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Kremlin y las plataformas digitales independientes, mientras la administración rusa continúa bloqueando y ralentizando el acceso a redes sociales y servicios de comunicación que no se pliegan a sus exigencias de supervisión e interceptación de datos.