Horas antes de que reinicie un diálogo que busca poner fin a la crisis política en Nicaragua, la justicia del país centroamericano liberó el miércoles a decenas de “presos políticos” que permanecían encarcelados por su vínculo con las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La liberación ha sido una de las exigencias de la oposición y organismos de derechos humanos, que aseguran que unas 600 personas estaban tras las rejas desde que empezaron las manifestaciones antigubernamentales, en abril de 2018, que también han dejado más de 320 muertos.
“Tenemos confirmado que comenzaron a liberar a los presos políticos, a unos los han ido a dejar a sus casas, a otros probablemente los entreguen en la catedral o en el seminario”, dijo a Reuters Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una ONG que representa a cientos de ellos.
Las liberaciones comenzaron el miércoles en la mañana cuando microbuses del sistema penitenciario llevaron a varios “presos políticos” con enfermedades graves a sus casas fuera de Managua.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), declarado ilegal por el Congreso, dijo que algunos cumplirían medidas cautelares como prisión domiciliaria.
“Los presos políticos no se negocian, tienen que dejarlos en libertad total o es un juego del gobierno previo al inicio del diálogo”, dijo Núñez a Reuters.
Medios locales mostraron imágenes de microbuses repletos de “presos políticos” circulando por las calles de la capital.
El gobierno de Ortega niega que existan presos políticos en su país y asegura que la justicia nicaragüense es independiente y que quienes están tras las rejas han cometido crímenes.
DIÁLOGO
En mayo, poco después de que estallaron las protestas contra el gobierno izquierdista, un diálogo mediado por la Iglesia católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales, pautadas para 2021. (Full Story)
“Para que el diálogo funcione tiene que dar resultados pronto”, dijo a Reuters Douglas Castro, miembro de la Alianza Cívica, un grupo de la sociedad civil donde se aglutina buena parte de la oposición.
“No hay margen de error ni tiempo para audacias (…) Si no funciona vamos al despeñadero y la crisis se prolongará. No hemos visto ni la punta del iceberg de la crisis que se nos puede avecinar”, agregó.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 millones de dólares, algunos de sus funcionarios -incluyendo su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Por ello, analistas aseguran que Ortega, quien retomó el poder en 2007 tras gobernar entre 1985 y 1990, acepta ir a las negociaciones antes de que la crisis económica se profundice.
“Ortega pretende ceder lo menos posible, probablemente el núcleo de su oferta sean las reformas electorales y no el adelanto de elecciones”, dijo el analista político Eliseo Núñez.
La negociación arranca en medios de críticas por la forma en que se seleccionaron a los negociadores de la oposición: tres representantes de los empresarios, un académico, un político y un estudiante, excluyendo a los campesinos y a la Asociación de Madres de Abril, un grupo de familiares de los fallecidos.
Miembros de la Iglesia católica participarán como testigos.
“No se puede dar (una negociación) sin la participación activa de nosotras (…), no para dar testimonios sino para debatir, discutir, construir, definir los mecanismos para que se imparta justicia”, dijo vía telefónica Francis Valdivia, presidenta de las Madres de Abril desde su exilio en México.
Fuente: Reuters