Cuatro personas, identificadas como Brian y Jill Griffeth, acompañadas por Dallin, de 21 años, y Liberty Griffeth, de 19, han sido detenidas. La Oficina del Sheriff del Condado de Columbia declaró que los cuatro enfrentan cargos graves de abuso infantil agravado.
Las personas afectadas tienen edades que oscilan entre 7 y 16 años; cinco de ellas son hijos biológicos de los acusados y cuatro son adoptados. Eran encerrados con paneles de madera debajo de una cama y les rociaban la cara con vinagre como forma de castigo.
Los acusados también se enfrentan a cargos por agredir a los jóvenes con un palo, recluirlos en sus cuartos y darles medicamentos sin prescripción. Días previos a los arrestos, mientras los niños asistían a un campamento de la iglesia, uno de ellos fue descubierto en posesión de un taser activado.
Los investigadores también encontraron que los adoptados, que no conocen su nombre completo ni su fecha de nacimiento, estaban siendo tratados de forma desigual en comparación con los hijos biológicos de los Griffeth.
En una entrevista llevada a cabo por los investigadores del Departamento de Niños y Familias en el hogar, se descubrió que los niños adoptados realizaban labores del hogar, mientras que los niños biológicos se dedicaban a jugar o a mirar televisión.
En la investigación inicial, también se encontró que no se permitió a los niños asistir a la escuela para aprender a leer y escribir. Además, se les instruyó a falsear la verdad acerca de lo que ocurría en su hogar.
La indagación en contra de los Griffeth dio inicio tras las inquietudes planteadas por un «denunciante obligatorio« de su comunidad religiosa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Branford, respecto al bienestar de los niños.
Un «denunciante obligatorio» se define como un profesional que legalmente debe informar a las autoridades sobre casos que considere sospechosos de abuso o negligencia infantil en su entorno. La garantía para los adultos implicados se estableció en 500. 000 dólares para cada uno.
En el estado de Florida, el abuso infantil agravado se clasifica como un delito grave que puede resultar en castigos severos, que incluyen penas de cadena perpetua o, en ciertos casos, la pena de muerte, particularmente en situaciones de agresión sexual hacia menores de 12 años.
La seriedad de las sanciones está determinada por varios aspectos, como la severidad de las lesiones causadas, la edad de la persona afectada y la presencia de circunstancias agravantes, como el uso de violencia o la repetición del comportamiento del agresor.
Junto a las penas penales, las personas condenadas por abuso infantil pueden enfrentar consecuencias adicionales. Una de las más importantes es la incorporación en el registro de delincuentes sexuales, lo que conlleva la divulgación pública de su historial criminal y restricciones en su ubicación de residencia, así como limitaciones para interactuar con menores.
Una grave consecuencia para quienes son condenados por abuso infantil es la eliminación de sus derechos como padres. Esto puede resultar en la limitación o anulación de los derechos de custodia y visita, y en casos extremos, incluso a la finalización de la patria potestad, lo que significa la separación permanente de los padres respecto a sus hijos.
Con información de periodicocubano.com
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