El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Florida, una agencia estatal creada para supervisar el gasto público, ha puesto a la alcaldía de Miami-Dade bajo la lupa. La alcaldesa, la demócrata Daniella Levine-Cava, se ha visto obligada a responder a las acusaciones del gobernador Ron DeSantis, quien ha ordenado una revisión de las finanzas del condado, que enfrenta un déficit proyectado de 400 millones de dólares.
El DOGE ha solicitado una amplia gama de documentos, incluyendo información sobre los gastos en programas de diversidad y proyectos ambientales. Mientras el comisionado de Miami, Roberto González, apoya la iniciativa para asegurar la transparencia y la optimización de los recursos de los contribuyentes, la alcaldesa Levine-Cava ha calificado la auditoría como «teatro político» con motivaciones partidistas.
Esta confrontación política se desarrolla en un contexto de creciente debate sobre la gestión de los fondos públicos en el condado. La alcaldía de Miami-Dade defiende su historial de responsabilidad fiscal y transparencia, mientras los opositores acusan a la administración actual de un gasto desmedido y poco eficiente. El resultado de esta auditoría podría tener implicaciones significativas para la política local y la forma en que se manejan los presupuestos de los gobiernos en Florida.
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