La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar toda la asistencia financiera a Colombia marca un giro abrupto en una relación bilateral que durante décadas fue considerada estratégica en la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento institucional. El anuncio, que se produce en medio de un enfrentamiento político con el mandatario colombiano Gustavo Petro, tendrá impactos inmediatos en áreas clave de seguridad, según analistas.
Durante el año fiscal que concluyó en septiembre, Colombia recibió US$ 230 millones en asistencia estadounidense, incluyendo US$ 43 millones destinados a operaciones de emergencia. La cifra representa apenas un tercio de los US$ 720 millones desembolsados el año anterior, y es el monto más bajo en lo que va del siglo, según datos preliminares del Departamento de Estado.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y especialista en seguridad, advirtió que la medida afectará directamente el funcionamiento de unidades policiales y militares dedicadas a operaciones antinarcóticos. También limita el uso de infraestructura crítica como los helicópteros Blackhawk, cuyo mantenimiento y combustible eran financiados por Washington.
La suspensión de fondos también pone en riesgo la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC, especialmente en lo referido a la solución del problema de las drogas ilícitas. Aunque Trejos no prevé un reacomodo inmediato de los grupos armados, sí anticipa una pérdida de capacidad institucional en zonas disputadas y un probable aumento en las hectáreas sembradas con hoja de coca.
Históricamente, Colombia fue el segundo receptor mundial de ayuda militar estadounidense, especialmente durante el Plan Colombia y la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. En 2006, el país recibió más de US$ 1.200 millones, de los cuales más del 90% se destinó al combate contra el narcotráfico.
La relación bilateral se mantuvo estable durante los gobiernos de Iván Duque y Joe Biden, pero comenzó a deteriorarse tras la llegada de Petro en 2022, quien impulsó un enfoque alternativo basado en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la suspensión de fumigaciones aéreas.